Veamos el reciente anuncio de medidas dentro del denominado “paquete económico” del presidente Arce Catacora, como respuesta inmediata a la crisis económica arrastrada desde 2014 y exacerbada por la pandemia mundial de COVID-19.
Más allá de la parafernalia y los aires de triunfalismo de varios funcionarios públicos, entre ellos el propio ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, el paquete de medidas económicas no tendrá efecto alguno para recomponer la golpeada economía doméstica, por el contrario, ésta dilata el problema un poco más y a cambio deja a los ciudadanos una sensación de bienestar y estabilidad de corta duración. El mes de enero, el embrujo estatal pierde efecto y se vuelve a la cruda realidad, no se tiene la más mínima idea de cómo reactivar la economía nacional.
Por temas de espacio priorizare aquellas cuatro medidas más relevantes en materia económica.
La primera medida, el Impuesto a la Riqueza, 150 ciudadanos bolivianos con un patrimonio personal superior a los Bs 30 millones pagarán alícuotas desde 1,4% a 2,4% anuales. Más allá de las aclaraciones y salvedades sobre aquellos “honrados” con el pago de este nuevo tributo vale la pena preguntarse: ¿Esto resuelve el déficit público? No ¿Esto tiene algún resultado positivo para el resto de ciudadanos? No, salvo que uno se alegre por mera envidia ¿Esto tiene un efecto negativo para el resto de ciudadanos? Sí, porque estos 150 bolivianos, consumen, compran, venden, contratan y pagan sueldos y servicios en este país, una señal de este tipo de medidas no hace más que mostrarles la puerta de salida a estos ciudadanos, iguales a usted y a mí, para que liquiden parte de su patrimonio en Bolivia y exporten sus capitales a países menos perversos en materia impositiva.
Los oficialistas dirán: Pero este impuesto no afecta a las empresas, ¿por qué afectaría al empleo si son solo 150 oligarcas? Sencillo, las empresas tienen dueños, esos dueños administran sus riquezas, comprando inmuebles, abriendo nuevos negocios, comprando vehículos, persiguiendo su proyecto de vida haciendo uso de sus libertades individuales; pero a sabiendas de que el país castiga la “formación legal de riqueza personal” es racional que tanto los 150 “ricos” como los que vienen abajo entiendan que en este país hay un techo, un techo arbitrario, que les cierra el proyecto de vida en Bolivia pero no así en otras partes del mundo.
¿Con qué motivación uno pretende prosperar en un país donde se carga con todas las trabas disponibles en el arsenal del Estado? “El Viacrusis” de impuestos, aranceles, tasas, licencias, trámites, regulaciones, multas entre otros son la constante del emprendedor y empresario privado; que en caso de vencer todos esos obstáculos debe recibir otra estocada, a título de justicia social. Un despropósito por donde se lo quiera mirar.
Segunda medida, la entrega del Bono contra el Hambre, Bs 1.000 para alrededor de 4 millones de beneficiarios, un incentivo “momentáneo” para el consumo que no resuelve el problema de ingresos y empleo. Es una transferencia única y exclusiva que permitirá a los beneficiarios compensar por algunos días (sí, escuchó bien, días), la ausencia de ingresos, el desempleo y la pobreza. ¿Es digno?, para nada; ¿es útil?, no, es una medida mal orientada que pierde de vista el problema central de la economía nacional.
Para complementar, algunas personalidades como la diputada oficialista Soledad Pérez pretende hacer creer que el mandato de todos los ciudadanos es consumir producción boliviana para aprovechar los bonos y aguinaldos, para socorrer la difícil situación de las pequeñas y medianas empresas. Visiones de este tipo dan cuenta que la libre competencia es un tema tabú para los políticos, a pesar de no elegir un producto nacional usted no es más ni menos boliviano. La decisión de la demanda se termina inclinando por la mejor opción en precio/calidad ajustada a las necesidades del consumidor, lo demás son adornos para crear una retórica sin mayor argumento que solventar empresas no competitivas bajo la protección del Estado.
Tercera medida, el reintegro en efectivo del IVA por el uso de medios tecnológicos, no se tiene idea de la realidad el IVA e IT son cargados al consumidor dentro del precio como un mecanismo no de ahora, sino de siempre, que utilizan las empresas para sobrevivir en este mar de fiscalizadores. La medida habla de un régimen en el que el consumidor puede acogerse a este beneficio, medios tecnológicos en el consumo, negocios como el “delivery” o servicios bancarios. ¿Al final quien paga el reintegro? Se le devuelve esa fracción del precio que corresponde al IVA al consumidor y el empresario tendrá que ver otro mecanismo para cargar este impuesto al consumidor porque el Estado no va a retroceder cuando más urgido de ingresos fiscales está; cargará con fuerza contra estas empresas. Al final los precios en los sectores económicos que utilizan medios tecnológicos subirán. Otro desincentivo.
Cuarta medida, recuperación del turismo interno, otorgar licencias y permisos a cargo de vacación a los funcionarios públicos para que puedan viajar por los diferentes destinos turísticos y consuman bienes y servicios del sector para mejorar sus ingresos luego de la caída estrepitosa del turismo a nivel mundial. Si el problema es el tiempo, mejor ampliar las vacaciones de tanto funcionario con carácter indefinido, porque vacaciones de días si es que se dieren no resuelven absolutamente nada, por más que sean las interminables filas de burócratas que parasitan el Estado. El ministro Huanca es promotor del Decreto 44000 que viabiliza esta genialidad.
“Súper Luchín” se disfraza de “Súper Papá Noel” para entregarnos a fin de año un magno regalo, 7 medidas (4 disque económicas) que pondrá al pie de los nacimientos y árboles navideños en los hogares de cada familia boliviana.
¡Jo jo jo, feliz recesión para todos!
Por Carlos Armando Cardozo Lozada
* Carlos Armando Cardozo Lozada es economista, Master en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y Presidente de la Fundación Lozanía.
