La justicia determinó este jueves la detención domiciliaria, sin derecho al trabajo, para el comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, el general Alfredo Cuéllar, quien fue imputado por el delito de asesinato, en grado de tentativa.
La audiencia de medidas cautelares del jefe militar se realizó en el Juzgado Primero del municipio de Sacaba, jurisdicción en la que se registraron los hechos violentos el pasado 15 de noviembre de 2019.
Patricio Vargas, abogado del general Cuéllar y Vladimir Pérez, defensor de las víctimas, confirmaron, por separado, la determinación del juez cautelar.
La determinación final del juez establece la detención domiciliaria, con dos custodios y sin derecho al trabajo, además del pago de una fianza de 250.000 bolivianos, y arraigo nacional.
«También la presentación, dos veces a la semana, el arraigo, la prohibición de concurrir a los lugares de los hechos y también al sitio en el que se encuentran las pruebas, en relación a los hechos que se investigan», desglosó el abogado de las víctimas, Vladimir Pérez.
Por su parte, el abogado defensor del general Cuéllar, Patricio Pérez, a tiempo de ratificar la inocencia de su cliente, remarcó que el juez valoró que no concurren los presupuestos necesarios y suficientes para que se disponga la detención preventiva.
«En todo caso, mi cliente lo único que quiere es que se investiguen los sucesos del puente Huayllani para determinar de dónde salieron los disparos, si fue del lado de los militares o de los propios marchistas», apuntó el abogado del jefe militar, acusado de asesinato.
La audiencia, fijada para las 10.00 de este jueves, fue instalada al cabo de una hora y terminó a las 16.20, con incidentes, antes, durante y después de la misma, en las afueras del edificio del Juzgado.
Más temprano un grupo de familiares y amigos del jefe militar se apostó en las inmediaciones del Juzgado, con pancartas que proclamaban la inocencia del general Cuéllar.
Luego, llegaron al lugar familiares y conocidos de las víctimas de la masacre de Huayllani.
Pese a que la Policía se colocó en medio de los dos bandos, los familiares de las víctimas lograron echar del lugar al grupo de mujeres a favor del general Cuéllar.
Al término de la audiencia, en medio de gritos de dolor y lágrimas de impotencia, los familiares de los fallecidos expresaron su disconformidad con la decisión del juez.
«No hay justicia para los pobres, en cambio sí para los poderosos y los militares», dijeron unos.
«No vamos a olvidar, vamos a permanecer hasta que estos asesinos paguen su culpa», advirtieron los familiares de las víctimas. (ABI)
