Bolivia amaneció este sábado bajo un nuevo escenario político y jurídico. Mediante el Decreto Supremo 5636, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el presidente Rodrigo Paz declaró estado de excepción por conmoción interna en todo el territorio nacional durante 90 días, argumentando que los prolongados bloqueos, los hechos de violencia y la afectación a servicios esenciales han puesto en riesgo la seguridad pública y la estabilidad institucional. Según la norma, la medida busca «restablecer el orden público, preservar la paz social y la normalidad institucional».
El decreto sostiene que la actual crisis ha provocado graves dificultades en el abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos e insumos esenciales, además de afectar actividades productivas, educativas, sanitarias y de transporte. El Gobierno considera que la situación configura una «alteración grave, extraordinaria y objetiva de la seguridad pública» y una condición de conmoción interna que requiere medidas excepcionales.
Uno de los puntos centrales de la disposición es la autorización para que las Fuerzas Armadas coadyuven a la Policía Boliviana en las tareas de control y restablecimiento del orden público. Entre sus funciones estarán la protección de infraestructura crítica, aeropuertos, hospitales, redes de telecomunicaciones, plantas energéticas y rutas estratégicas de abastecimiento. Además, podrán instalar puestos de control y realizar operativos de seguridad en distintos puntos del país.
La norma también establece una serie de restricciones generales. Se prohíbe promover o ejecutar actos de violencia, impedir la distribución de alimentos y combustibles, obstaculizar el paso de ambulancias o atacar instalaciones públicas y privadas. Asimismo, queda vetado el uso de explosivos, artefactos incendiarios, miguelitos y otros elementos destinados a bloquear vías o generar riesgos para la población.
Entre las medidas más sensibles figura la suspensión temporal del ejercicio de ciertos derechos, cuya aplicación deberá activarse mediante una resolución conjunta de los ministerios de Gobierno y Defensa. El decreto contempla restricciones a la libertad de circulación, tránsito y reunión, incluyendo la posibilidad de establecer inmovilizaciones obligatorias, limitar el tránsito vehicular y peatonal y prohibir concentraciones masivas sin autorización estatal.
La disposición además prohíbe expresamente cualquier bloqueo de carreteras o vías urbanas, restringe el uso de drones en zonas de intervención y faculta a las autoridades a suspender temporalmente actividades recreativas nocturnas o incluso servicios financieros presenciales cuando consideren que existe riesgo para la seguridad pública. Estas medidas deberán aplicarse de forma gradual y proporcional, según la evaluación de las autoridades competentes.
Otro aspecto relevante es que la Policía y las Fuerzas Armadas podrán efectuar arrestos temporales ante incumplimientos de las disposiciones del estado de excepción. Sin embargo, el decreto establece que estas detenciones no podrán superar las ocho horas sin ser puestas ante la autoridad competente y deberán registrarse formalmente, garantizando el respeto a la integridad física y a los derechos fundamentales de las personas intervenidas.
Pese a las restricciones extraordinarias, el Gobierno enfatiza que la medida no suspende las garantías constitucionales fundamentales, el derecho al debido proceso, el acceso a la información ni los derechos de las personas privadas de libertad. El decreto será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración, mientras el Ejecutivo advierte que cualquier financiamiento o apoyo material a bloqueos, ataques a infraestructura o alteraciones violentas del orden público podrá ser investigado por el Ministerio Público y la Unidad de Investigaciones Financieras. Con esta decisión, Bolivia ingresa a uno de los momentos más delicados de los últimos años, en medio de una crisis que ha escalado desde el conflicto social hacia una respuesta excepcional del Estado.
