La crisis política y social que atraviesa Bolivia sumó este miércoles un nuevo capítulo de controversia luego de que el presidente Rodrigo Paz Pereira difundiera en redes sociales un video convocando a la ciudadanía a movilizarse para contribuir al desbloqueo de carreteras y respaldar las acciones de la Policía y las Fuerzas Armadas. El material fue retirado poco después de su publicación, generando cuestionamientos y un intenso debate sobre el alcance de la convocatoria presidencial.
La eliminación del video no frenó las repercusiones. Diversos sectores políticos y sociales reaccionaron al contenido del mensaje, mientras en plataformas digitales se multiplicaban las críticas y análisis sobre la participación de civiles en un escenario marcado por la tensión y los bloqueos que afectan al país desde hace más de un mes.
Horas después, el vocero presidencial José Luis Gálvez salió al frente para explicar lo sucedido. Según la autoridad, el audiovisual fue grabado por el mandatario, pero su difusión se produjo sin la autorización final correspondiente. “Es una acción no del Gobierno, no sólo de las fuerzas del orden, es algo que lleve el espíritu de todos los bolivianos que queremos respaldar a nuestras fuerzas del orden”, sostuvo.
La explicación oficial coincidió con declaraciones posteriores del viceministro Paredes, quien señaló que cualquier estrategia destinada a restablecer la normalidad requeriría el respaldo de distintos sectores de la sociedad. “Significa movilización de toda la población que va a apoyar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana”, afirmó la autoridad.
Las declaraciones provocaron una inmediata respuesta desde la oposición. El senador Leonardo Roca cuestionó la posibilidad de involucrar a civiles en tareas vinculadas al restablecimiento del orden público y recordó que esa responsabilidad corresponde exclusivamente a las instituciones del Estado. “No le corresponde a la sociedad civil desbloquear carreteras. Para eso existen las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana”, manifestó.
El legislador advirtió además que el Estado posee el monopolio legítimo de la fuerza y que cualquier convocatoria ciudadana en un contexto de confrontación podría derivar en escenarios de mayor riesgo. “Convocar a civiles cuando existen grupos violentos en conflicto puede generar consecuencias imprevisibles”, alertó.
La controversia se produjo paralelamente a la participación del presidente Paz en el diálogo convocado por el vicepresidente Edmand Lara, encuentro que concluyó sin acuerdos concretos para resolver la crisis. Asimismo, coincide con el debate sobre el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para reglamentar los estados de excepción, una iniciativa que también ha generado posiciones encontradas dentro y fuera del Parlamento.
Mientras continúan los bloqueos y persisten las dificultades de abastecimiento en varias regiones del país, el episodio del video eliminado ha profundizado la discusión sobre los límites de la movilización ciudadana y las herramientas institucionales para enfrentar la crisis. Con el diálogo estancado y la tensión en aumento, el debate ahora gira en torno a quién debe asumir el protagonismo en la recuperación de la transitabilidad y la estabilidad nacional.
