El paro nacional convocado por la Confederación de Choferes de Bolivia arrancó con un escenario dividido. Mientras varias ciudades del país amanecieron con bloqueos que paralizan el tránsito, la capital cruceña decidió no acatar la medida, evidenciando una fractura interna en el sector del transporte.
Desde primeras horas, La Paz, El Alto y Cochabamba registraron cierres de vías estratégicas, afectando la movilidad urbana y el normal desarrollo de actividades. La protesta también se replicó en Oruro, Potosí, Tarija y Sucre, donde los conductores instalaron puntos de bloqueo en arterias principales.
En contraste, en Santa Cruz de la Sierra el flujo vehicular se mantuvo prácticamente normal. La decisión de no acatar el paro en una de las principales ciudades del país debilita el alcance nacional de la medida y expone diferencias dentro del gremio.
La protesta responde a una serie de demandas encabezadas por la calidad del combustible. Los choferes denuncian daños en sus vehículos por la denominada “gasolina defectuosa”, además de exigir resarcimientos económicos más ágiles y mejoras en el mantenimiento de carreteras.
En la sede de Gobierno, el impacto es contundente. Conductores sindicalizados de La Paz y El Alto bloquearon las rutas que conectan ambas ciudades, dejando un tránsito prácticamente colapsado. Ante la situación, miles de ciudadanos optaron por el Mi Teleférico como alternativa de transporte.
En Cochabamba, los bloqueos se concentraron en la avenida Heroínas, una de las más transitadas, donde los transportistas cerraron completamente el paso con sus motorizados. También se reportaron interrupciones en accesos a mercados y en inmediaciones de la terminal de buses.
Pese a la normalidad en Santa Cruz, algunas zonas como el norte integrado sí decidieron sumarse a la protesta, lo que muestra un acatamiento desigual incluso dentro del mismo departamento. “No todos estamos de acuerdo con la medida, pero el problema del combustible es real”, expresó un dirigente regional.
El paro, que debía tener alcance nacional, deja en evidencia tensiones internas en el sector del transporte y un conflicto que sigue escalando. Mientras el Gobierno enfrenta presión por la calidad de los carburantes, la ciudadanía vuelve a quedar en medio de una crisis donde movilidad, economía y credibilidad institucional están en juego.
