El Ministerio de la Presidencia lanzó la convocatoria CUCE 26-0025-00-1632531-1-1 para contratar un servicio integral de monitoreo de redes sociales y plataformas digitales, con un presupuesto de 100.000 dólares (Bs696.000,00), desatando cuestionamientos desde la oposición que advierte un posible intento de control y persecución política en el entorno digital.
Según los términos de referencia, la Unidad de Comunicación Social e Información Gubernamental requiere una empresa que realice “escucha social 360° en tiempo real” mediante herramientas de Inteligencia Artificial, Big Data y Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) adaptado al contexto político-social boliviano. El objetivo oficial es medir la percepción pública sobre la gestión estatal y fortalecer la toma de decisiones comunicacionales.
El documento exige una plataforma cloud-native con arquitectura escalable, dashboards interactivos, análisis de sentimiento, detección de narrativas emergentes y un sistema de alertas de crisis con notificación en menos de 15 minutos ante picos de menciones negativas. Además, se solicita una precisión mínima del 85% en los modelos de análisis y mecanismos para identificar bots y cuentas automatizadas.
La empresa adjudicada deberá entregar reportes diarios, informes semanales de tendencias y mantener monitoreo permanente —de lunes a domingo, incluidos feriados— bajo estrictas cláusulas de confidencialidad. También se exige soporte técnico 24/7 y el uso de plataformas especializadas como Brandwatch, Digimind o herramientas equivalentes.
La diputada Lissa Claros, de la Alianza Libre, calificó la medida como “grave” y pidió su anulación inmediata. “Quieren coartar la libertad de expresión. Esto ya lo vivimos antes y la población lo rechazó”, afirmó, en referencia a antecedentes de intentos de regulación o control digital en anteriores gestiones.
En la misma línea, la diputada Claudia Herbas, de Alianza Popular, lanzó una advertencia directa: “¿Quieren hacer persecución política? Es muy grave, es un peligro”. Ambas legisladoras cuestionaron el gasto en un contexto económico complejo y pidieron al presidente Rodrigo Paz pronunciarse sobre la decisión.
Especialistas en derechos digitales señalan que el monitoreo gubernamental de redes no es inusual en América Latina; sin embargo, organismos como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH han advertido que estos sistemas deben tener límites claros, transparencia y controles institucionales, para evitar su uso con fines intimidatorios o discriminatorios.
Mientras tanto, en redes sociales la reacción ciudadana fue inmediata. “Dicen que son austeros pero gastan al estilo masista”, escribió un usuario en Facebook. Otro resumió el malestar con una frase: “Más de lo mismo”. La polémica está instalada y abre un nuevo debate sobre hasta dónde puede llegar el Estado en la vigilancia del espacio digital sin vulnerar derechos fundamentales.
