El 4 de septiembre de 2013, Marco Antonio Aramayo asumía la dirección del Fondo de Desarrollo Indígena. Le tomó juramento el entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, en reemplazo de la ministra Nemesia Achacollo. Lo que nadie imaginó ese día fue que aquel acto marcaría el inicio de una de las tramas más oscuras del poder en Bolivia.
En febrero de 2015, Aramayo destapó irregularidades de la gestión anterior. Sus informes revelaron proyectos fantasmas, ganado pintado como si fuese de raza, cursos de adoctrinamiento político, y millones de bolivianos desviados a cuentas privadas de dirigentes, entre ellos Felipa Huanca, Lidia Patty, Melva Hurtado y otros. “Había desembolsos completos para obras que nunca existieron”, recordaría después el propio Aramayo ante periodistas.
Pero su intento de transparentar el manejo del Fondo le costó caro. La cúpula del MAS, encabezada por Evo Morales, reaccionó procesando al denunciante. Desde entonces, Aramayo fue detenido y obligado a enfrentar 216 procesos judiciales, en una campaña que abogados y activistas describieron como “una tortura burocrática del Estado”.
Durante ocho años, el exdirector fue trasladado maniatado por todo el país, de penal en penal, pagando incluso la gasolina y la comida de sus custodios. “Yo solo pedía un poco de agua en la patrulla”, relató alguna vez con la voz quebrada. Su salud se deterioró hasta que, en abril de 2022, murió en un hospital municipal de La Paz sin haber sido sentenciado.
Tras su muerte, el Instituto ITEI señaló directamente a la exinterventora Larisa Fuentes, quien habría desglosado los proyectos del Fondo para generar centenares de casos contra Aramayo. Mientras tanto, las organizaciones que alguna vez lo respaldaron —Bartolinas, CSUTCB, Cidob, Conamaq, APG y otras— guardaron silencio. “Ni un solo compañero originario vino a visitarlo”, lamentó una activista que siguió su caso.
Hoy, documentos revelan que entre 2010 y 2011 esas mismas organizaciones recibieron en sus cuentas particulares Bs 328 millones, autorizados por Arce como ministro de Economía, pese a que la ley prohibía transferencias directas de fondos fiscales a cuentas privadas. Achacollo y Juan Ramón Quintana también formaban parte del Directorio del Fondo.
El giro dramático llegó esta semana: Luis Arce Catacora fue aprehendido, acusado por el millonario desfalco del Fondo Indígena. Podría ser enviado al Centro de Reinserción de Qalauma por tres meses, exactamente 12 años después de haber posesionado a Aramayo.
En su primera noche en celdas policiales, solo una funcionaria cercana se acercó a verlo. Nadie más. El hombre que alguna vez ascendió hasta la Presidencia del Estado ahora enfrenta, solo, la caída que él mismo abrió hace más de una década. Y la sombra de Aramayo —el funcionario que se negó a callar— vuelve a iluminar un sistema que aún no rinde cuentas.
