El anuncio del candidato a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, de elevar la Renta Dignidad a Bs 2.000, ha generado fuertes cuestionamientos en el ámbito económico. Especialistas coinciden en que el Estado boliviano no cuenta con la liquidez suficiente para sostener una medida de tal magnitud sin agravar aún más el déficit fiscal.
La presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco, fue clara al señalar que la propuesta carece de viabilidad inmediata. “No, lo que ha propuesto Edman Lara no es factible, por lo menos en el plazo inmediato. Primero tiene que conocerse el estado de las cuentas y hacerse un ajuste, eso tomará al menos un año”, afirmó.
Según Pacheco, antes de pensar en duplicar el beneficio, el país necesita recortar gastos fiscales, atraer inversiones y coordinar estrategias con organismos internacionales, lo que permitiría recién en un mediano plazo evaluar un incremento sostenible de los bonos sociales.
Desde la universidad pública cruceña, el rector Vicente Cuéllar también calificó de inviable la propuesta. Explicó que otorgar Bs 2.000 de renta requeriría unos $us 3.450 millones, cifra inalcanzable considerando que Bolivia arrastra un déficit fiscal de $us 5.000 millones. “Estaríamos incrementando nuestro déficit a $us 8.450 millones. La pregunta es: de dónde van a salir esos recursos”, cuestionó.
En la misma línea, el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Fernando Romero, realizó cálculos aún más alarmantes. Detalló que la medida costaría al país Bs 2.514 millones al mes, lo que representa Bs 30.171 millones anuales, equivalentes a casi la mitad del presupuesto nacional destinado a sueldos y salarios del sector público para 2025.
La propuesta de Lara, que pretende captar respaldo electoral en un contexto de creciente crisis económica, ha encendido un debate sobre la responsabilidad y la sostenibilidad de las promesas de campaña. Analistas consideran que, sin un plan estructural de ingresos y reforma fiscal, el ofrecimiento no pasa de ser un gesto populista.
“Las cuentas no cierran y el país no puede seguir inflando el déficit sin consecuencias graves”, advirtió Pacheco, reforzando la idea de que el próximo gobierno deberá priorizar la estabilidad macroeconómica antes de plantear incrementos significativos en los beneficios sociales.
