Durante los últimos 19 años, Bolivia ha experimentado un modelo de movilidad social profundamente marcado por el acceso al poder político, más que por el mérito, la capacidad o la formación profesional. Bajo un régimen que se autodenominó “nacional-popular-indígena”, surgió una élite política que se enriqueció a costa del Estado, transformando la lucha indígena en un trampolín hacia el privilegio y el lujo.
“Hijo de madre de pollera, padre agricultor. Hoy candidato presidencial”. Con esta presentación, Andrónico Rodríguez busca proyectar una imagen de origen humilde. Sin embargo, su ascenso político y estético revela una mutación sociológica: de símbolo de lo indígena, pasó a ser ícono de una burguesía emergente que reniega de sus raíces mientras adopta el glamour como forma de legitimidad.
La llamada «movilidad social» se consolidó no desde el trabajo ni el conocimiento, sino desde la instrumentalización del poder estatal, el clientelismo político y el auge del narcotráfico. “Lo indígena fue solo una careta para trepar hacia el placer del poder”, sostiene el editorial de Sol de Pando, que califica este fenómeno como “desindianización neo-estalinista”.
Evo Morales, cuya imagen originaria fue clave para legitimar el proyecto del MAS, terminó absorbido por una lógica autoritaria y capitalista, donde el culto personal, el uso del Estado para el beneficio propio y el silenciamiento crítico marcaron su mandato. “Permitió que la sagrada hoja de coca se convirtiera en símbolo del capitalismo más salvaje”, se lee en el texto.
El Chapare, bastión político de Morales, es hoy un centro de producción y exportación de cocaína, generando lo que el editorial llama una “burguesía chola coca-cocainera”. Esta nueva clase social, con poder económico y político, sostiene la base del MAS y disputa con la élite exportadora de Santa Cruz, vinculada a redes de narcotráfico aéreo y lavado de dinero.
“Andrónico Rodríguez es el candidato de los exportadores de cocaína, Evo resiste entre los laboratorios del Chapare”, acusa el artículo. Esta alianza entre cocaleros, empresarios narcos y dirigentes políticos ha creado una estructura de poder que reemplazó la revolución por la acumulación, y la lucha social por la frivolidad y el consumo ostentoso.
Mientras tanto, miles de bolivianos viven en la precariedad laboral, sin acceso a los recursos del Estado ni a oportunidades reales de progreso. Intelectuales, científicos, artistas y trabajadores sobreviven excluidos de un sistema que solo premia la cercanía al poder y al negocio ilícito. La movilidad social, lejos de ser igualitaria, profundizó las desigualdades y marginó a las verdaderas capacidades del país.
Lo que comenzó como un proyecto de transformación social y descolonización, terminó erigiendo una oligarquía narco-estalinista, que ha vaciado de sentido el discurso indígena y revolucionario. El desafío ahora no es solo político, sino ético y moral: desmontar esta estructura sin caer en la desesperanza ni el cinismo.
