La Federación Regional de Gremiales de El Alto anunció una movilización para el próximo 13 de enero, demandando medidas urgentes para reprogramar sus deudas bancarias. Según el secretario ejecutivo del sector, Toño Siñani, la crisis económica ha afectado severamente a los trabajadores por cuenta propia, dificultando el cumplimiento de sus cuotas crediticias.
“Exigimos que la ASFI autorice un año de gracia para nuestros créditos y la condonación de multas e intereses. La situación económica del país nos impide cumplir con nuestras obligaciones bancarias,” afirmó Siñani durante una conferencia de prensa.
El dirigente gremial señaló que la convocatoria a la movilización incluye a sectores de comerciantes minoristas, vendedores ambulantes y pequeños empresarios, quienes, según él, son los más golpeados por la contracción económica. “No pedimos regalos, pedimos justicia para poder sobrevivir a esta crisis,” enfatizó.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a las demandas del sector. Sin embargo, expertos en economía advierten que las medidas solicitadas podrían generar un impacto significativo en la estabilidad del sistema financiero.
Siñani también cuestionó la falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno. “Nos sentimos abandonados; necesitamos políticas que nos permitan reactivar nuestras actividades económicas y no simplemente promesas,” expresó.
Esta no es la primera vez que el sector gremial organiza movilizaciones. En 2020, durante la pandemia, lograron acuerdos con el Gobierno para diferir el pago de sus créditos. Sin embargo, según Siñani, la situación actual requiere medidas más estructurales y de largo plazo.
La marcha del 13 de enero busca visibilizar la crisis que enfrenta el sector y presionar a las autoridades para que respondan con soluciones concretas. “No descartamos ampliar nuestras medidas si no somos escuchados,” advirtió el dirigente.
Con una base de miles de afiliados en El Alto, se prevé que la movilización afecte el tráfico y las actividades comerciales en la ciudad, aumentando la presión sobre el Gobierno y las entidades financieras para atender estas demandas.
