La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) han denunciado públicamente tres casos recientes que consideran intentos de las autoridades para restringir la libertad de expresión y de prensa en el país.
El primer caso involucra al periodista Juan Pérez Munguía, quien fue detenido injustamente por filmar el frontis del Banco Central de Bolivia el jueves 1 de agosto. Según el comunicado, “durante su detención, los policías intentaron forzarlo a borrar las imágenes y a firmar un documento admitiendo haber cometido una falta, a lo que se negó con el respaldo de las asociaciones”.
El segundo caso se refiere a un portal de noticias que informaba diariamente sobre la fluctuación del precio del dólar y que fue obligado a cerrar bajo acusaciones de especulación financiera. Las asociaciones aseguran que informar sobre la variación del precio del dólar paralelo no constituye especulación financiera. “El cierre de este portal no logrará que el precio del dólar paralelo baje al precio oficial de 6.96. Por el contrario, la falta de información real sobre el precio del dólar paralelo podría incluso hacer que éste aumente”, advirtieron en su pronunciamiento.
El tercer caso es el del tiktoker Rubén Blanco, quien enfrenta dos procesos penales por incitación al racismo debido a comentarios que hizo sobre la danza de los mineritos. Aunque las asociaciones no comentaron directamente sobre los videos de Blanco, defendieron su derecho a la libertad de expresión. “Expresar una opinión sobre una danza u otra expresión cultural, aun de ser ofensiva, no debe ser tipificada como un acto de racismo ni discriminación y tampoco penalizarse. Cualquier discurso que pueda ser considerado intolerante debe ser cuestionado con medidas alternativas a las sanciones penales, tales como campañas de sensibilización y educación”, instaron la APLP y la ANPB.
Estas denuncias reflejan la creciente preocupación entre los periodistas bolivianos sobre las limitaciones a la libertad de prensa en el país. Las asociaciones subrayan que la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser protegido para garantizar una sociedad democrática y transparente.
Los tres casos mencionados han generado un amplio debate sobre los límites de la libertad de expresión y la necesidad de proteger a los periodistas y medios de comunicación de posibles represalias por parte del gobierno. La APLP y la ANPB han llamado a las autoridades a respetar y garantizar este derecho, instando a la comunidad internacional a prestar atención a la situación en Bolivia.
En su pronunciamiento, las asociaciones reafirmaron su compromiso de defender la libertad de expresión y de prensa, y anunciaron que continuarán monitoreando y denunciando cualquier intento de restringir estos derechos fundamentales en el país.
