Este domingo 28 de julio, Venezuela celebra elecciones presidenciales en un clima de tensión y desconfianza. Las encuestas sitúan al actual presidente Nicolás Maduro más de 25 puntos por debajo de su principal oponente, lo que ha llevado a muchos analistas a prever que podría recurrir al fraude electoral para asegurar su reelección.
Maduro, cuya reelección en 2018 fue ampliamente considerada fraudulenta por la comunidad internacional, ha defendido el sistema electoral venezolano como “el más transparente del mundo”. Sin embargo, ha acusado a la oposición de planear declarar fraude y sembrar «caos y violencia» tras los comicios.
“La intención es muy clara y debe ser rechazada con toda contundencia: quieren manipular y torcer la voluntad de cambio de la inmensa mayoría del cuerpo electoral de la nación”, afirmó Andrés Caleca, exfuncionario del Consejo Nacional Electoral (CNE) y candidato a las primarias de la oposición, a través de un comunicado en sus redes sociales el mes pasado.
Las decisiones logísticas del CNE han levantado sospechas de manipulación. De los 15.797 centros de votación en todo el país, al menos 8.000 tendrán una sola urna, en comparación con los 6.800 locales de los comicios de 2018, según cifras oficiales. Este aumento en el número de centros con una sola urna podría dificultar la vigilancia y aumentar las posibilidades de fraude, advirtió la ONG Transparencia Electoral.
El uso de casillas únicas también puede demorar el proceso de votación y provocar colas más largas, afectando a unos 3,9 millones de votantes. Además, algunos electores han reportado que sus centros de votación han sido cambiados a otros estados, lejos de sus domicilios.
Griselda Colina, exrectora suplente del CNE, explicó a El País que «si entendemos por fraude electoral la alteración de los resultados que emite la máquina de votación, no es posible que el gobierno cometa fraude el 28 de julio». Sin embargo, expresó preocupación por la posibilidad de que el CNE declare un resultado distinto al que den las máquinas, como sucedió en las elecciones de la Constituyente en 2019.
El régimen de Maduro ha implementado tácticas para influir en el voto, como la inhabilitación de candidatos y la presión social sobre los beneficiarios de programas públicos, quienes reciben alimentos a través de las «cajas del CLAP» con la condición de pertenecer al partido del gobierno. Testimonios de exagentes de inteligencia señalan que el régimen podría anunciar resultados fraudulentos e introducir cédulas falsas en el sistema.
El historial de fraudes en las elecciones venezolanas bajo el mando de Maduro refuerza la preocupación de los opositores y observadores internacionales. En 2017, una Asamblea Nacional Constituyente fue fundada por Maduro como un parlamento paralelo, y en 2018, su victoria con el 50.6% de los votos fue vista con escepticismo por encuestadores y analistas.
