En una reciente entrevista en BoliviaTv, el ministro de Planificación del Desarrollo de Bolivia, Sergio Cusicanqui, defendió la capacidad del «Modelo Económico Social Comunitario Productivo» para enfrentar diversas coyunturas económicas. «El Modelo Económico Social Comunitario Productivo ha ido respondiendo a estas diferentes coyunturas, así como ha funcionado en una coyuntura más favorable antes de 2019. También ahora hemos visto que, en un escenario internacional complejo y desafiante, ha sabido responder», afirmó Cusicanqui.
El ministro destacó que, a pesar de los desafíos internos y externos, la economía boliviana ha mantenido su dinamismo. «La economía boliviana ha continuado en ese dinamismo, en ese camino de mantenerse como una de las economías que está respondiendo de mejor manera a este contexto internacional complejo», añadió Cusicanqui.
Sin embargo, estas declaraciones han sido objeto de controversia entre economistas. Algunos expertos argumentan que el modelo implementado es el principal culpable de la pobreza en el país. «Es justamente ese modelo el que empobrece a la gente», refutó un economista consultado, que prefirió permanecer en el anonimato.
El debate se intensifica al considerar las diferencias fundamentales entre el modelo económico actual y las políticas neoliberales. Mientras el Modelo Económico Social Comunitario Productivo prioriza la inclusión social y el desarrollo comunitario, el modelo neoliberal enfatiza la apertura comercial, la desregulación y la privatización. Estas diferencias subrayan la polarización de opiniones sobre la mejor manera de gestionar la economía del país.
Cusicanqui, por su parte, enfatizó que la continuidad y adaptación del modelo actual son esenciales para asegurar un desarrollo sostenible y equitativo. «Es fundamental seguir trabajando en la consolidación de este modelo, adaptándolo a las nuevas realidades y desafíos que se presenten, para asegurar un desarrollo sostenible y equitativo», mencionó el ministro.
La crítica de los economistas, sin embargo, plantea una preocupación sobre la efectividad a largo plazo de las políticas actuales. La pregunta que surge es si las medidas adoptadas son suficientes para mitigar los efectos adversos en la economía y mejorar la calidad de vida de la población.
