Comunidad Ciudadana (CC) hizo una fuerte denuncia al señalar que el Gobierno de Luis Arce ha propuesto al actual canciller, Rogelio Mayta, como nuevo magistrado en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN). Marcelo Pedrazas, diputado de CC, ha revelado que la postulación fue realizada el 17 de agosto, incluyendo a tres funcionarios, entre ellos el canciller Mayta.
Pedrazas ha cuestionado la legalidad de esta terna al considerar que vulnera los principios del TJCAN que establecen que son los Estados miembros quienes envían a sus postulantes, pero deben mantener distancia de los Gobiernos. En palabras del diputado, «es la primera vez que se hace la designación de un funcionario en ejercicio, en funciones oficiales como es el caso de estos tres representantes bolivianos».
El diputado también ha destacado que Mayta no tiene experiencia previa como juez en Bolivia ni en la comunidad internacional, lo que plantea interrogantes sobre el cumplimiento de los requisitos de probidad y meritocracia exigidos por el TJCAN.
La situación ha suscitado sospechas de motivaciones políticas, especialmente en relación con un fallo contrario a Bolivia en una demanda presentada por Perú sobre el precio diferenciado del combustible a vehículos con matrículas extranjeras. Este fallo involucró al juez boliviano Gustavo García.
El canciller Mayta ha confirmado las postulaciones realizadas por Bolivia, pero no ha revelado los nombres de la terna propuesta. Junto a Mayta, según el diario El Deber, se postuló al director jurídico del Ministerio de Exteriores, Bernardo Ortiz, y al viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.
El proceso de selección del nuevo magistrado boliviano en el TJCAN se espera que incluya una «Reunión de Plenipotenciarios». García, el magistrado anterior, renunció a su cargo en medio de acusaciones de presiones y amenazas del Ejecutivo boliviano.
García ha subrayado que los jueces del TJCAN no representan a los Estados nacionales, sino que son parte de un organismo independiente y supranacional, cuyo propósito es velar por el cumplimiento del ordenamiento andino y no la defensa de intereses nacionales.
La controversia en torno a la postulación de Mayta plantea interrogantes sobre la independencia de los magistrados del TJCAN y la posible politización de su designación.
