Familiares y abogados del líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, han reiterado sus denuncias de que las autoridades penitenciarias bolivianas están aplicando una forma de «tortura» al privarle de atención médica especializada y restringir sus visitas.
En una entrevista con la agencia de noticias EFE, el abogado del gobernador, Martín Camacho, declaró que debido a las «restricciones» impuestas, «no se puede saber cuál es el verdadero estado de salud» del gobernador y por qué está perdiendo peso de manera significativa.
El gobernador Camacho padece del síndrome de Churg-Strauss, una enfermedad que inflama los vasos sanguíneos y puede causar daños permanentes en órganos y tejidos, lo que requiere medicación especializada y valoraciones médicas constantes, además de lidiar con la hipertensión arterial.
El abogado señaló que Camacho ha perdido hasta 20 kilos desde su detención en diciembre de 2022, y actualmente pesa 54 kilos. «Por eso es que queremos la evaluación médica», indicó.
Además de las restricciones médicas, el gobernador también enfrenta una «privación de comunicación», ya que no se le permite recibir visitas ni trabajar, y se le niega el «acceso al aire libre», permaneciendo todo el día en su celda, lo que el abogado considera una «tortura blanca» para quebrarle psicológicamente.
Los hijos del gobernador también emitieron un comunicado, expresando su preocupación por la salud de su padre y solicitando que sea evaluado en un centro especializado, ya que la negativa de las autoridades penitenciarias a permitirlo constituiría un acto de «tortura».
Por su parte, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, rechazó las acusaciones de tortura y aseguró que Camacho tiene garantizado el acceso a visitas y atención médica las 24 horas.
El gobernador se encuentra en detención preventiva desde finales del año pasado, enfrentando cargos de terrorismo y otros delitos relacionados con la crisis de 2019, que ha sido objeto de debate entre el Gobierno y la oposición sobre si se trató de un «golpe de Estado» o una reacción ciudadana ante un supuesto fraude electoral.
