YPFB evita dar información y aclarar denuncias de corrupción.
Desde mayo, cuando se conocieron denuncias sobre posibles actos de corrupción en la principal empresa estatal como es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la población, a través de los medios de comunicación, esperan una respuesta efectiva y clara de los ejecutivos sobre las cuestionantes y dudas que se tiene.
El 11 de mayo los exministros Carlos Romero Bonifaz y Ana Teresa Morales Olivera presentaron una denuncia ante el Ministerio Público al que denominaron «mega corrupción» en YPFB relacionada a la importación desmesurada de combustible, el pago de sobornos a empresas sancionadas por corrupción y prácticas fraudulentas en el proceso de importación de diesel.
Transcurrido varios meses desde la denuncia, no se ha conocido que se haya realizado investigación alguna por parte del Ministerio Público.
Sin embargo, para no dejar en el olvido estas denuncias, Gaceta del sur intentó obtener información del Ministerio de Hidrocarburos y YPFB, pero las autoridades se negaron a proporcionar alguna referencia.
En ese intento de buscar información se le consultó vía telefónica al asesor general del Ministerio de Hidrocarburos, David Talamas Perdriel, quien dijo que no estaba en condiciones de ofrecer información y que el caso estaba en manos de la Fiscalía.
La misma consulta se le hizo a la jefa de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del mismo Ministerio, Marisol Isabel Garcia Herrera, quien dijo que no estaba facultada para dar información, a pesar de que la Ley de Transparencia establece el acceso a la información pública.
La misma respuesta se obtuvo del director de Transparencia de YPFB, Herland del Carpio Gonzales, quien se mostró reticente a brindar información sobre el caso.
La gravedad de las acusaciones, la falta de respuestas por parte de autoridades generan dudas sobre la transparencia y el compromiso real para investigar hasta sancionar la corrupción en una entidad estatal tan importante como YPFB.
Desde instancias políticas y civiles han exigido una respuesta clara y una investigación exhaustiva para esclarecer estas denuncias y erradicar cualquier acto ilícito que esté afectando los intereses del Estado y de la ciudadanía.
