Queda en entredicho la capacidad del titular en la Procuraduría y la necesidad de un nuevo debate sobre el sistema de pensiones.
Pidiendo poner fin a la dilapidación de recursos estatales y frustrar legítimos anhelos por una jubilación justa, el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), se sumó a los pedidos de renuncia del Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, por ver en esta autoridad una exclusiva labor de representación de los intereses del jefe del partido de gobierno, antes que una idónea defensa del Estado.
Mediante un comunicado emitido por el ente defensor de la democracia, se consideró la reciente conminatoria al Estado boliviano para indemnizar con 105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, como resultado de un arbitraje internacional, en el que “se demostró una vez más, la incapacidad y falta de especialización en temas de solución de controversias internacionales de los funcionarios de la Procuraduría General”, instancia que a la fecha perdió once arbitrajes, significando más de 700 millones de dólares en contra de las arcas nacionales.
“El juicio que inicia BBVA al Estado es por no haber implementado la Gestora como dicta la CPE. Se han gastado millones, se pagan honorarios altísimos, se han comprado paquetes informáticos que no han funcionado, y la Gestora aún no ha podido asumir el rol de las AFPs. El daño económico es mucho más alto que la pérdida del arbitraje”, señala parte de la nota.
Conade sostiene que esta última pérdida de 105 millones de dólares tiene la particularidad de estar relacionada con la administración de los fondos de jubilación, de las y los trabajadores bolivianos, en circunstancias en que cada día se oyen más voces por la insatisfacción de las pensiones por vejez.
“Una vez más resulta en entredicho el rol y capacidad del titular la Procuraduría General del Estado para defender los intereses del país, como a su vez crece la necesidad de un nuevo debate sobre el sistema de pensiones impuesto en 2010, frente a la legítima exigencia de que el mismo debiera estar a la altura de proporcionar pensiones de jubilación justas en el país”, se indica.
Señalan que suman las voces de petición de renuncia del Procurador General del Estado, “voces de las que nos hacemos eco con absoluta convicción, en particular porque vimos en su actuar una exclusiva labor de representación de los intereses del jefe del partido de gobierno, antes que una idónea defensa de los intereses del país”.
Finalizan señalando la imposibilidad de negar que en un régimen verdaderamente democrático la administración de los fondos de jubilación, no puede estar exenta del control social de las y los propios trabajadores.
