El Concejo Municipal interpeló a los secretarios de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico, del alcalde Iván Arias, y luego de su respectivo informe, el pleno lo declaró insuficiente y fueron censurados.
“Al declararlo insuficiente ya está censurado (…) eso es transparencia, nosotros no somos auditoría interna; pero, sí, tiene que ir a los lugares de transparencia”, dijo el concejal Pierre Chain, durante el pleno del Concejo del pasado miércoles.
En el marco de la nueva Ley de Fiscalización y Auditorías, en caso de declararse insuficientes los informes y censurarse a los interpelados, los mismos deberían ser destituidos por el ejecutivo municipal.
El secretario de Gestión Ambiental, Marcelo Lorberg, rindió su informe sobre el Bioparque Vesty Pakos y fue convocado por la concejal Lourdes Chambilla.
Lorberg no pudo aclarar la muerte de 92 animales del Bioparque, ni los controles que existen acerca de la comida que se provee a las diferentes especies, tampoco explicó cómo se distribuye el dinero recaudado por la venta de entradas.
En el caso de la secretaria de Desarrollo Económico, Mónica Chuquimia, fue convocada por el concejal Pierre Chain por el tema de bares y discotecas
Chuquimia no pudo explicar la existencia de bares y discotecas que fueron clausuradas por la Intendencia y que hasta la fecha sigan funcionando en la zona de Calacoto.
La funcionaria deslindó responsabilidades operativas sobre el cumplimiento de la orden de clausura y señaló que esa es tarea de la Subalcaldía Sur.
Chain dio lectura al Manual de Funciones 2022, en el que se determina que la Intendencia Municipal, brazo operativo para el control y fiscalización de las actividades económicas, está bajo tuición de la Secretaría de Desarrollo Económico, según la transmisión en vivo del Concejo.
Cuestionó que Arias haya emitido una resolución con cinco meses de retraso, cuando la normativa solo da 15 días para resolver un caso.
Ambos secretarios de Arias deslindaron responsabilidades, por lo que el Concejo declaró insuficiente el informe, lo que significa “censura directa”.
De acuerdo con el artículo 22, numeral 7 de la Ley de Fiscalización sobre interpelaciones, cuando el informe es declarado “insuficiente, inconsistente, erróneo o inexacto”, “se emitirá pronunciamiento expreso de voto de censura y falta total de confianza dirigida al alcalde».
Este pronunciamiento implicará la “destitución inmediata e indefinida” y remitirá antecedentes a la Contraloría General del Estado, si correspondiera, al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y Ministerio Público”.
El numeral 7.1 del mismo artículo dispone que las autoridades censuradas no pueden volver a ser designadas o posesionadas por el alcalde.
