Caso 1: La señora Fanny Blanco confesó que Antonio Loayza, Macario Díaz y Germán Condori, funcionarios de la alcaldía de Independencia, Cochabamba, le sobornaron con Bs 2.100 para que acuse a dos inocentes del robo de Bs553.758 de esa alcaldía, sucedido el pasado 7 de julio.
Fanny dijo que fue sobornada delante del policía Ariel Arroyo. Reveló también que falsificaron una planilla de pasajeros de una empresa de transportes para incluir los nombres de los dos inocentes y de ella a fin de que coincida con las horas de partida del minibús y del robo.
Basado en esas mentiras, el fiscal Alfredo Guzmán pidió detención preventiva; y el juez de Morochata, Omar Blanco, presumió la culpabilidad y no la inocencia, y mandó a dos inocentes a la cárcel.
Fanny se arrepintió y devolvió el dinero; la empresa de transportes presentó su lista verdadera de pasajeros, pero los dos jóvenes siguen presos. ¿Por qué el fiscal y el juez vulneran DDHH? Porque el alcalde de Independencia, Pedro Quiroz, es del MAS. ¿Alguien parará esta injusticia?
Caso 2:
En 2015, Marco Aramayo advirtió, en su condición de director del Fondo Indígena, sobre irregularidades en esa institución y sugirió a la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, una auditoría para evitar corrupción.
Ese mismo año, denunció que los dirigentes masistas Juanita Ancieta y Rodolfo Machaca pidieron a nombre de Evo Morales la suma de Bs300 mil del Fondioc para la posesión de éste en Tihuanacu.
En vez de investigar a los denunciados, la Fiscalía armó 259 procesos contra Marco y pidió su detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, donde está desde hace siete años.
En abril de 2015, Aramayo declaró en Tarija ante el fiscal Bismarck Arispe por uno de los juicios. En mayo de 2017, lo llevaron otra vez de La Paz a Tarija, pero por otro caso. Un viernes, repentinamente le dijeron: Usted tiene notificación para un juicio el lunes (aquel de abril de 2015) en el que le acusaron por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos.
En las audiencias, los beneficiarios del proyecto, objeto del proceso, se acogieron a juicios abreviados; lloraron, pidieron perdón, devolvieron el dinero, asumieron su culpa y fueron sentenciados a tres años de prisión. De inmediato, quedaron libres. Luego, el juez del Tribunal 3ro de Sentencia de Tarija, Ariel Serafín Gutiérrez, preguntó a Aramayo: ¿Quiere una salida alternativa o que continúe el juicio?
Marco se dijo: Si los responsables ya asumieron su culpa, voy a juicio y salgo absuelto. El proceso duró 10 días. En el penúltimo día, Marco dijo al juez: “yo no fui cautelado en este caso”. El juez Gutiérrez le respondió: ahorita, lo cautelamos. Llamó a otro juzgado, suspendió la audiencia y a las 17 horas de ese mismo día lo cautelaron.
Al día siguiente, el juez Gutiérrez lo sentenció a cinco años de prisión usando como prueba su contrato de trabajo y un reglamento. No consideró los videos, audios, documentos y otras pruebas de descargo de Marco.
¿Alguien parará esta injusticia? El alma de Marco agoniza en San Pedro.
Caso 3:
Hace 8 años, el padre de una chica inventó un caso de brutal violación en Pocoata. Un fiscal beodo acusó a cinco inocentes pese a que: 1) el certificado médico estableció que no hubo violación, 2) el estudio psicológico no detectó ningún trauma sexual; y 3) los acusados demostraron que estaban en otro lado y con otras personas a la misma hora del falso hecho.
Durante el juicio, la pericia de credibilidad concluyó que la chica mintió; la médico que la revisó después del supuesto hecho declaró que ella no tenía ninguna herida en ninguna parte de su cuerpo y no sufrió violación; y la perito forense coincidió con la médico y agregó que la chica tuvo relaciones 10 días antes del hecho inventado.
¡Ah! La prueba genética no halló semen en las muestras obtenidas de la cavidad vaginal de la acusadora; y los cinco inocentes demostraron que a la misma hora del falso hecho estaban en otro lado.
Ante la abrumadora evidencia, los jueces de sentencia de Uncía, Juan Colque y Óscar Sandóval, se inventaron hechos en la sentencia: “Respecto a la violación y cómo logró producirse, a partir de otras versiones que no son de la víctima, están la del padre, a quien le indica que fue violada por varias personas la madrugada del 13 de febrero”.
En la misma sentencia, se lee que la chica no dice que contó a su padre ni a su madre, sino a la médico. Pero la médico aseguró que nunca le contó nada. La acusadora no avisó nada a nadie porque nunca sucedió el hecho. Sin embargo, los jueces sentenciaron a dos inocentes. ¿Estulticia o corrupción? ¿Alguien parará esta injusticia?
Hay excepciones. La última que conocí: la jueza Ximena Mendizábal. Obedeció la ley y fue suspendida.
¡Urge la reforma de la justicia!
Escribe: Andrés Gómez Vela
