A 100 días de gestión, el presidente Rodrigo Paz aseguró que recibió un país “prácticamente hundido” y que hoy logró estabilizarlo. “Este barco está flotando y tenemos que empezar a navegar”, afirmó en un mensaje difundido pasada la medianoche, donde defendió la reducción del déficit fiscal, la estabilización del dólar y la eliminación de la subvención a los combustibles.
El mandatario describió el déficit como “una garrapata que le estaba chupando la sangre al país” y sostuvo que el subsidio a la gasolina y el diésel era “una trampa” que alimentaba el contrabando y la corrupción. “El 40% se iba a bolsillos de unos cuantos”, enfatizó. Según datos oficiales, el costo del subsidio energético representaba una fuerte presión sobre las finanzas públicas y las reservas internacionales.
Sin embargo, especialistas advierten que una cosa es ordenar las cuentas del Estado y otra muy distinta es aliviar la economía familiar. La eliminación del subsidio, aunque defendida como necesaria para frenar el déficit, impacta directamente en el precio del transporte y, en cadena, en los alimentos y servicios básicos.
Las críticas apuntan a que el ajuste lo está sintiendo primero la población. Cuando sube el combustible, sube casi todo: pasajes, fletes y productos de la canasta básica. Para muchas familias, eso significa que el salario rinde menos que hace tres meses. En términos simples, la estabilidad fiscal todavía no se traduce en mayor poder de compra.
Otro cuestionamiento recurrente es la brecha entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. Comerciantes y pequeños empresarios señalan que las ventas siguen bajas y que el dólar estable no genera automáticamente reactivación. Como resume un analista económico: “La macro puede mejorar en los papeles, pero la heladera en casa no se llena con discursos”.
Paz defendió el ajuste como una decisión estructural inevitable. “Había que ordenar la casa”, reiteró, al anunciar nuevas leyes de hidrocarburos, minería y seguridad jurídica para atraer inversión. También informó auditorías en más de un centenar de empresas estatales que —según dijo— no presentaban cuentas claras pese a millonarias inversiones.
Aquí surge otro foco de debate. Si bien la revisión de empresas públicas responde a reclamos de transparencia, sectores críticos temen que el proceso desemboque en privatizaciones apresuradas o pérdida de control sobre recursos estratégicos. La ciudadanía exige claridad: qué se va a cambiar, cómo se hará y quién se beneficiará.
En política exterior, el mandatario destacó acercamientos al Mercosur y reuniones en Panamá, además de avances con Estados Unidos y la Unión Europea. Para el sector empresarial, este giro abre oportunidades; para sus detractores, existe el riesgo de depender excesivamente del capital externo sin fortalecer primero la producción interna.
El presidente también responsabilizó a la “vieja política” de intentar desestabilizar su gestión. No obstante, analistas advierten que insistir únicamente en la herencia recibida puede debilitar la rendición de cuentas propia. La estabilidad técnica necesita respaldo social para sostenerse.
El anuncio de que 2026 será un año para “ordenar la casa” deja una interrogante central: ¿cuánto tiempo puede sostenerse el ajuste sin que aumente la presión social? La economía puede mostrar señales de equilibrio, pero si la ciudadanía no percibe mejoras concretas, el costo político podría crecer al mismo ritmo que la factura del combustible.
