Hagamos memoria. El señor Morales Ayma ganó inobjetablemente la elección de diciembre de 2005 y asumió la Presidencia el 22 de enero de 2006. En 2009, luego de un largo proceso que comenzó con la elección de constituyentes, en julio de 2006, se promulgó la CPE vigente que en su artículo 168 establece que se puede acceder a la reelección consecutiva por una vez. Para posibilitar, en las negociaciones previas, la viabilidad del texto, el propio Morales Ayma aseveró que “resignaba” una reelección probable –considerando el periodo 2006-2010 como el primero a objeto de su aplicación-. Hasta ahí, todo bien: Morales ganó la siguiente elección sin problema; todo legal.
Pero en 2013, el régimen, por medio del entonces Vicepresidente, interpone un recurso ante el Tribunal Constitucional, a sabiendas que éste ya estaba cooptado, y sin mayor empacho, el TCP emite una resolución en la que dictamina que el primer periodo de Morales Ayma no se contabiliza con miras a una hipotética reelección, habilitándolo así para las elecciones de 2015, no obstante lo anotado anteriormente y, entre otros datos, la emisión de una serie postal conmemorativa del segundo periodo presidencial éste –conservo imágenes de un par de estampilla con tal motivo-. Flagrante transgresión a la Carta Magna y a la palabra empeñada.
Nuevamente electo luego del favor recibido del TCP, a poco de haberse posesionado otra vez el mismo individuo, la maquinaria de régimen comenzó a urdir una estratagema para forzar, esta vez de manera indefinida, la reelección del caballero. Y no se le ocurrió mejor idea que convocar a un referéndum para tal efecto; referéndum que perdió –el susodicho había indicado que si esto ocurría se retiraba a su chaco, quinceañera incluida-.
Mientras Bolivia celebraba el triunfo del “NO”, las eminencias grises del régimen buscaban la fórmula para burlarse de la voluntad de la ciudadanía. Y al no encontrarla, la inventaron: sacaron de la galera una disparatada interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) alegando que la reelección indefinida es un derecho humano y, por tanto, Morales Ayma podía repostularse ad infinitum. Por segunda vez, el TCP, sin tener la competencia para ello, emitió una resolución en favor de tal aberrante argumento. Con lo que el beneficiario de la misma se habilitó a las elecciones de 2019. Fraude, renuncias, huida, violencia dirigida desde afuera, amenaza de no provisión de alimentos a las ciudades y sucesión constitucional siguieron al penúltimo intento de Morales Ayma de permanecer en el poder.
El más reciente -¿último?- lo estamos viviendo estos días, aunque en condiciones bastante distintas a las de los anteriores. Si bien el personaje conserva lealtades en distintas instancias, quien tiene la firma de la chequera del Estado es otro y solo con la plata de la región que aprovisiona al narcotráfico no alcanza para levantar la maltrecha imagen del cocalero.
Uno se pregunta si la presentación de la candidatura del hombre fue un error de timing, un globo de ensayo, una simple chacreada política –o todo esto en uno-. El punto es que el propio señor del Chapare tuvo que salir a desautorizarla. Imagino que, de haber tenido mejor acogida, estaría confirmándola.
Pensando en las elecciones judiciales de 2023 (perverso mecanismo) esta vez será Arce Catacora quien pondrá a “su gente” que ya en funciones, llegado el momento, podría procesar a su mentor. Sería una gran paradoja.
Por todo lo expuesto, me atrevo a decir que la candidatura de Juan Evo Morales Ayma para las elecciones de 2025 nació muerta, luego de un aborto séptico.
