La cuenca amazónica está siendo talada a un ritmo acelerado. Los delitos ambientales están impulsando una creciente deforestación que ha llevado a que algunas partes de la Amazonía actualmente emitan más dióxido de carbono del que absorben.
La cuenca amazónica, dos veces más grande que la India, se extiende por más de 670 millones de hectáreas entre Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.
Este informe revela los delitos ambientales en las regiones amazónicas de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana y Surinam. Es el producto de un año de investigación de campo y de fuentes abierta —incluyendo investigación de escritorio y entrevistas telefónicas y personales con expertos en delitos ambientales, funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad, académicos y otras personas— en estos países.
Estos cinco países representan alrededor del 20 por ciento de la Amazonía. En conjunto, albergan alrededor de 91 comunidades indígenas diferentes.
La región amazónica de Bolivia se extiende por cinco departamentos del norte del país: Pando, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. En total, cubren algo menos de 60 millones de hectáreas.
En Venezuela, tres estados del sur conforman la región amazónica del país: Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas. Bolívar alberga alrededor de un tercio de los bosques del país.
La región amazónica de Ecuador abarca solo el dos por ciento de la Amazonía, aunque alberga una de las últimas áreas silvestres de alta biodiversidad del mundo: el Parque Nacional Yasuní. Seis provincias orientales conforman su región amazónica. Estas incluyen Sucumbíos al norte; Napo, Orellana y Pastaza en el centro; y Morona Santiago y Zamora Chinchipe al sur.
Alrededor del 98 por ciento de Guyana está clasificado como parte del Amazonas. Aproximadamente tres cuartas partes del país están cubiertas por bosques.
Asimismo, más del 90 por ciento de Surinam forma parte de la Amazonía. Sus tres distritos del sur, Para, Brokopondo y Sipaliwini, forman parte de la región. El mayor de los tres, Sipaliwini, abarca alrededor de tres cuartas partes del territorio nacional de Surinam.
La información recopilada se ha utilizado para elaborar una panorámica del funcionamiento de los delitos ambientales, de los actores implicados, de cómo se interconectan con economías legales y de lo que están haciendo los gobiernos para frenar la deforestación y sus motores. El informe concluye con algunas oportunidades de intervención.
La cuenca amazónica abarca una parte importante de la biodiversidad mundial conocida. La gigante selva desempeña un papel fundamental como reserva de carbono. Sin embargo, este sumidero de carbono está disminuyendo a medida que los árboles se talan a un ritmo más acelerado.
Según Global Forest Watch, una plataforma en línea que hace un seguimiento periódico de la deforestación en todo el mundo mediante una metodología estandarizada, los cinco países de nuestro estudio perdieron en conjunto más de 10 millones de hectáreas de cubierta forestal entre 2001 y 2021. Esto equivale a talar todo el territorio de Portugal.
Los bosques amazónicos se enfrentan a un doble riesgo. A medida que los grupos criminales se diversifican en la región y dejan de depender únicamente del tráfico de drogas, han encontrado más oportunidades en delitos ambientales, como el tráfico de madera, la minería ilegal y el tráfico de especies silvestres.
Por otro lado, los gobiernos de la región amazónica no han logrado encontrar un balance entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. La creciente demanda de productos como la carne de vacuno o el aceite de palma, y la consiguiente expansión de la frontera agroindustrial en la Amazonía, han creado presiones sobre los bosques y las comunidades que los habitan.
Los diferentes retos a los que se enfrentan los cinco países de estudio —como los relacionados con la pandemia de COVID-19, la inseguridad o el caos político y criminal— han ensombrecido la protección de la Amazonía. La falta de recursos adecuados y de cohesión entre estas naciones estimula aún más la deforestación desenfrenada, la destrucción del hábitat y la pérdida de biodiversidad.
Al igual que en Perú y Colombia, los principales actores implicados en los delitos ambientales en estos países se clasifican en las siguientes categorías: redes criminales corporativas, grupos armados no estatales (GANE), mano de obra barata y actores legales —como autoridades estatales corruptas o empresas legalmente registradas— que también participan facilitando estos delitos.
En Venezuela, por la presencia de grupos armados no estatales, es frecuente ver la participación de estos actores en la minería ilegal. En otros países, los daños ambientales son fomentados por actores legales, como es el caso de los gobiernos que fomentan la agricultura en Bolivia y Ecuador. Sin embargo, a menudo se les asocia con actos ilegales, como el acaparamiento de tierras o los incendios incontrolados para despejar dichas tierras.
Aunque los principales motores de deforestación varían de un país a otro, hay uno que es común en toda la región: la minería ilegal de oro. El auge de la minería ilegal despegó en sus vecinos Colombia y Perú. Los lucrativos beneficios y la dinámica criminal que surgió allí proporcionaron un modelo para su expansión hacia Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam.
Tras la hiperinflación y los problemas económicos de Venezuela, el régimen del presidente Nicolás Maduro recurrió a sus reservas de oro para apuntalar su gasto. Las ganancias del oro ilegal han fortalecido a los funcionarios estatales corruptos y a los grupos armados no estatales presentes en el país, desde disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hasta los grupos criminales locales conocidos como “sindicatos”.
El panorama minero de Guyana está dominado por un pequeño número de empresas que poseen los títulos de propiedad de grandes extensiones de tierra, lo que les permite a los pequeños y medianos mineros operar en sus concesiones a cambio de una cuota.
La dinámica de la minería de oro de Surinam está aún más concentrada, con solo dos empresas internacionales, que traen mano de obra tanto local como internacional para operar en sus concesiones, controlando el acceso a gran parte de la riqueza mineral del país.
En ambos países, los pequeños mineros ilegales impulsan la demanda de mercurio, contaminando el entorno y las fuentes de agua.
En Ecuador, los mineros ilegales invaden las explotaciones industriales legales. Por su parte, en Bolivia, las cooperativas mineras trabajan más allá de sus límites o sin permisos.
La región es también un centro de tráfico de fauna silvestre. La floreciente demanda de animales y sus partes amenaza a cientos de miles de aves, reptiles y mamíferos. Los jaguares son atrapados por su cráneos, pieles y colmillos. Las partes de jaguar se envían a China por avión o a través de servicios postales. En el país asiático, a menudo se hacen pasar como productos extraídos de tigre, que son apreciados para dudosos fines medicinales y para la fabricación de abrigos.
A diferencia de Colombia —donde diversos elementos de las antiguas FARC han desempeñado un papel importante en la minería ilegal, el acaparamiento de tierras vinculado a las actividades ganaderas y agrícolas y el cultivo de coca—, los grupos armados no estatales desempeñan un papel menos relevante en los otros países de nuestro estudio. Aparte de Venezuela, donde los grupos armados no estatales están muy implicados en la minería ilegal, los principales actores en los países de nuestro estudio son las redes criminales corporativas involucradas en el tráfico de madera, la minería y el tráfico de especies silvestres.
Para detener el cambio climático, los líderes mundiales se reunieron en Glasgow (Escocia) en la Cumbre del Clima COP26 en noviembre de 2021. Allí, 110 países se comprometieron a frenar la deforestación mundial para 2030. La abstención de Bolivia y Venezuela, dos de los países con las mayores tasas de deforestación en la Amazonía, apunta a un problema mayor que ha obstaculizado los esfuerzos para abordar la deforestación y los delitos ambientales que la estimulan en la región: la débil cohesión regional.
Se han establecido iniciativas regionales destinadas a abordar cuestiones de justicia ambiental, como el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, estas se han visto eclipsadas porque los países amazónicos nunca han marchado juntos cuando se trata de proteger la Amazonía. Los intereses nacionales han prevalecido sobre los regionales. Las rivalidades diplomáticas y las agendas de desarrollo económico han primado habitualmente sobre la protección de la Amazonía. Además, la corrupción ha actuado como una firme barrera contra la sincronización de esfuerzos y debe ser abordada con rigor.
InSight Crime se ha asociado con el Instituto Igarapé —centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica al estudio de temas actuales relacionados con desarrollo, seguridad y clima— para rastrear los delitos ambientales y los actores criminales que impulsan la deforestación en toda la Amazonía.
