La diputada del PDC, Patricia Patiño, lanzó una grave denuncia pública al revelar la supuesta existencia de un “triángulo de la corrupción” dentro de YPFB, que —según afirmó— operaría desde la gestión del presidente Luis Arce y vincularía a autoridades, ejecutivos y empresas privadas del sector energético.
En conferencia de prensa, la legisladora presentó lo que denominó el “Cártel de la gasolina basura: del lobby del litio a la adulteración de combustible”, un entramado que —asegura— estaría detrás de la circulación de combustible presuntamente adulterado que habría provocado daños en vehículos en distintas regiones del país.
“¿Estamos ante una empresa pública al servicio del país o ante una agencia de empleos de una red que viene haciendo negocios desde la época del litio y que ahora nos vende agua y alcohol por gasolina?”, cuestionó Patiño, mientras exhibía fotografías y presuntos vínculos entre los involucrados.
La diputada señaló como parte del esquema a Marcelo Arce Mosqueira, a quien identificó como el “gran negociador del litio”; a Jorge Alberto Roca Kauffman, expresidente de Lithium One Bolivia y actual director de YPFB; y a la empresa privada Energy Oil Corporation PM SRL, dedicada al transporte de combustible.
Según Patiño, el conflicto de interés radicaría en que Roca sería socio de la empresa transportadora y, al mismo tiempo, miembro del directorio de la estatal. “¿Cómo el señor Roca puede ser dueño de cisternas y al mismo tiempo director de YPFB?”, insistió.
También apuntó contra el actual presidente de YPFB, Yussef Akly, señalando que existirían vínculos contractuales previos entre él y algunos de los mencionados, lo que —a su juicio— evidenciaría la continuidad de relaciones desde gestiones anteriores.
“Es un triángulo diseñado para extraer recursos del Estado a través del combustible adulterado. La gasolina basura no es un error técnico, es un negocio ilícito”, afirmó la legisladora, al referirse además a supuestos nexos con exejecutivos y otras empresas privadas como Camin Cargo.
Patiño informó que presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) con 30 preguntas dirigidas al presidente de YPFB, al ministro de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), además de solicitar interpelaciones y eventuales acciones legales para esclarecer los hechos.
Finalmente, subrayó que directivos actuales, exfuncionarios y empresas vinculadas deben rendir cuentas, remarcando que su denuncia busca que las autoridades competentes investiguen a fondo lo que considera una red de intereses cruzados en uno de los sectores estratégicos del país.
