La Fundación Comunicación Libertad y Democracia (FCLD) se encuentra en el centro de una tormenta política y mediática, luego de que en redes sociales se difundieran denuncias que la vinculan directamente con la exviceministra de Comunicación Gabriela Alcón. La entidad, hoy propietaria de la radio Onda Colectiva, accedió a cuatro frecuencias en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, además de recibir adjudicaciones de publicidad estatal por cientos de miles de bolivianos durante el último año de gestión de Luis Arce.
La fundación se registró inicialmente como organización sin fines de lucro, pero posteriormente modificó su denominación a fundación comercial, cambio que facilitó la aprobación de las cuatro licitaciones ante la ATT. Este giro encendió las alarmas sobre un posible tráfico de influencias. “Está claro que se actuó de manera preferente hacia un operador en detrimento de otros”, afirmó el director de la ATT, Carlos Agreda, quien anunció una investigación de oficio para determinar responsabilidades.
Los contratos adjudicados a Onda Colectiva refuerzan las sospechas. En agosto, la FCLD recibió Bs 600 mil por contratación directa del Ministerio de la Presidencia para servicios radiales. Y esa no fue la única asignación: el periodista Juan Carlos Arana reveló pagos adicionales por Bs 650 mil para la promoción del megacampo Mayaya, además de otros contratos consecutivos por Bs 29 mil, Bs 27 mil y Bs 21 mil. Entidades como la Aduana Nacional y la ASFI también aportaron montos de Bs 80 mil, Bs 29 mil y Bs 100 mil respectivamente.
La red informativa que rodea a la fundación se amplía con los testimonios del corresponsal Edwar Ayma, quien apuntó directamente hacia Alcón y su círculo cercano, integrado por sus exjefes de redes sociales: Sandra Castro, Enrique Pomar e Isabel Terrazas. Esta última fue protagonista de un recordado escándalo en 2017 tras insultar en vivo al periodista Gonzalo Rivera. Pomar, por su parte, es hijo de un exdecano de la UMSA investigado actualmente por corrupción.
En medio de este entramado, las fuentes consultadas denuncian presunto “encubrimiento” dentro del Viceministerio de Comunicación, mientras en la documentación de la fundación figura Edson Jiménez como representante legal y firmante de varios contratos. La emisora también cuenta con figuras conocidas como Lorena Guillén, con pasado en Abya Yala TV, y Víctor Hugo Rosales, que transmite desde La Paz.
A pesar de la magnitud de los recursos públicos vinculados, la FCLD no publica en su sitio web ningún nombre de propietarios, directores o responsables. Solo exhibe una misión que declara la promoción de la “democratización del acceso a la información” y una visión que asegura apostar por “nuevas narrativas comunicacionales”. Entretanto, las investigaciones anunciadas determinarán si este proyecto mediático fue realmente un modelo educativo o una plataforma de poder financiada con fondos del Estado.
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