Bolivia enfrenta una crisis persistente y devastadora de violencia contra las mujeres: más de 1.226 feminicidios y 521.293 denuncias desde la promulgación de la Ley 348 en 2013. El nuevo informe de la Coordinadora de la Mujer alerta que la violencia machista no solo no disminuye, sino que se ha convertido en “un problema creciente y estructural” que arrastra al país hacia un escenario alarmante.
El reporte —titulado 25N: Violencias que persisten; derechos que urgen— detalla, con datos de la Fiscalía y la Policía, que solo el 42,81% de los feminicidios logró sentencia en más de una década. Ese porcentaje muestra un sistema judicial incapaz de brindar justicia real. “La mayoría de los casos sigue pendiente, reflejando un sistema que no garantiza acceso efectivo a justicia”, advierte el documento.
Solo en lo que va de este año, el Ministerio Público registró 71 feminicidios, una tendencia que no deja de crecer. Entre los casos recientes más estremecedores está el asesinato de una adolescente de 13 años en La Paz y el de una mujer golpeada hasta morir por su pareja en Oruro. Hechos que, según las organizaciones, “revelan la normalización social de las agresiones”.
La violencia no solo se expresa en los crímenes más extremos. La Ley 348, que tipifica dieciséis delitos, ha recibido más de medio millón de denuncias desde 2013, una cifra que se disparó desde 2022, cuando cada año comenzaron a registrarse más de 50.000 denuncias en el Ministerio Público. Eso significa que 130 mujeres denuncian violencia cada día.
Pero las cifras, advierte la Coordinadora, representan apenas una parte de la realidad. El subregistro sigue siendo enorme. La Encuesta de Prevalencia de la Violencia del INE (2016) mostró que el 71,5% de las bolivianas sufrió violencia de pareja, pero solo el 11,9% pidió ayuda y menos de la mitad llegó a formalizar su denuncia. Muchas agresiones nunca entran en las estadísticas.
El delito más denunciado es la violencia familiar o doméstica, seguido por la violencia sexual. Nueve de cada diez víctimas son mujeres. Y lo más grave: solo el 6,59% de los casos de violencia ingresados a la Fiscalía entre 2013 y 2023 terminaron en condena. Más del 90% fueron rechazados, sobreseídos o extinguidos. La impunidad, denuncian, es la regla, no la excepción.
“Detrás de cada cifra hay vidas marcadas por la violencia y, en muchos casos, por la impunidad… un sistema que aún no logra garantizar justicia”, lamentó la Coordinadora de la Mujer. La entidad exige voluntad política, instituciones sólidas y presupuestos reales para prevención y sanción.
Mientras tanto, miles de mujeres en Bolivia siguen viviendo entre el miedo, la desprotección y la desconfianza en un sistema que les falla una y otra vez.
