El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez Ledezma, dijo este miércoles que Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Fernando Camacho allanaron el camino para que Jeanine Áñez asuma la presidencia del país.
“(Ellos) son los responsables; son los que han allanado el camino para que de manera ilegal la señora Áñez asuma. Son los que han alentado a salir a las calles, desobedeciendo las normas y rompieron el orden constitucional”, afirmó.
Los dos expresidentes y los otros dos líderes políticos de la oposición, participaron en el diálogo propiciado por la Iglesia católica y otras instituciones nacionales y extranjeras, tras los incidentes violentos que se registraron en el país en 2019.
Rodríguez cuestionó el trabajo del Ministerio Público en el proceso para esclarecer las masacres que sucedieron en Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto). “No sé a qué está jugando el Ministerio Público, cuando el señor Mesa va a declarar en calidad de testigo y se abstiene a hacerlo, y hay pruebas contundentes”.
Añadió que van a solicitar a la Fiscalía que actué de manera justa y que proceda como corresponde, porque el pueblo está pidiendo que se esclarezcan las masacres y los hechos de corrupción que se registraron en la gestión de Áñez.
Reiteró que en varias oportunidades han pedido que todos acudan a declarar de manera voluntaria al Ministerio Público. “Deben declarar de manera responsable, ¿cuál es el miedo de ir a responder sobre sus actos?”.
Indicó que “los grandes constitucionalistas interpretaron la sucesión ilegal de la señora Áñez como algo constitucional. Dicen que se cumplió la línea (de sucesión) como corresponde de acuerdo al Reglamento Interno de la Cámara de Senadores, y la Constitución Política del Estado; sin embargo, no fue así. Ahora, ellos sacan otros argumentos muy superficiales y están saliendo algunos informes de la Iglesia y otras instituciones que no tienen un valor legal, para estar escudándose”.
El legislador dijo que están esperando los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las masacres de Huayllani y de Senkata para que se esclarezcan esos hechos que sembraron dolor y luto en decenas de familias bolivianas. Pero, también la corrupción y el daño económico al Estado.
Se prevé que el informe oficial de la CIDH será conocido el 20 de julio, luego de que varios expertos visitaron varias zonas del país y se entrevistaron con autoridades, ex autoridades y víctimas de los hechos violentos que se vivieron en 2019.
