Un enérgico rechazo fue expresado hoy por los directores de los diarios El Deber, Los Tiempos y Opinión, representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), a la exigencia del abogado sentenciado por secuestro que pidió información destinada a enjuiciar periodistas por supuesta calumnia y difamación.
Bajo el principio de defensa del secreto de la fuente periodística, comprendido en el artículo 8 de la Ley de Imprenta, y en preservación de los ciudadanos que denuncian delitos alentados por obtener justicia, los tres directores respondieron a una petición del abogado Jhasmani Torrico, enviada a 12 diarios y canales de televisión, a través de una juez de sentencia.
Torrico es un abogado de la ciudad de Cochabamba, procesado y sentenciado, por los delitos de secuestro y lesiones, a seis años de cárcel, y que en un rápido trámite judicial realizado el sábado 24 de abril consiguió el beneficio de arresto domiciliario.
Los 12 medios a los cuales exige copias de las notas periodísticas vinculadas a su caso, y nombres completos de los periodistas que escribieron, editaron y titularon noticias, desde 2018, son los diarios Opinión, Los Tiempos, Gente, Página Siete, La Razón, El Deber, Extra, La Voz y los canales de televisión privados ATB, Red Uno, Unitel y Bolivisión.
“En el caso que nos ocupa se vulnerarían Derechos de terceros, toda vez que cuando se pretende investigar a un o una periodista con motivo de su labor, no sólo se pierde la posibilidad de expresarse libremente de manera individual, sino también se pierde la posibilidad de ser informado y de conocer, de comunicar y de tomar decisiones libres, autónomas e informadas”, señala el memorial presentado por los diarios de circulación nacional El Deber, Los Tiempos y Opinión.
Con el respaldo institucional de la ANP, los tres medios expresaron el rechazo a la exigencia de revelar datos consignados en los registros y “que tengan estricta relación con la fuente de información”.
La petición de Torrico, remitida a los 12 medios a través del despacho de la jueza Sofía Camacho, declara su interés de presentar demandas contra periodistas por los delitos de calumnia, difamación e injuria que son sancionados con penas de hasta dos años de cárcel, según el Código Penal.
El memorial de respuesta recuerda que la Constitución Política del Estado protege los derechos a la comunicación y a la información, además de las libertades de expresión, de opinión y de información “por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.
Destaca el parágrafo tercero del artículo 106 de la Carta Magna que atribuye al Estado la función de “garantizar a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.
La comunicación enviada a la jueza recuerda que el artículo 107 de la Constitución expresa que los principios de difusión de información y opiniones a través de los medios de comunicación “se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley (Ley de Imprenta)”.
