La Constitución Política del Estado estable en el Artículo 384: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.
La Ley 096 de 8 de marzo de 2017, es inconstitucional, viola el Art. 384, porque reconoce a la producción de la hoja de coca del Chapare como “originaria y ancestral”, la misma fue objeto de rechazo por los productores de la coca de los Yungas porque la coca producida en el Chapare NO es originaria y ancestral, fue impulsada por el cocalero Evo Morales presidente de las 6 Federaciones del Chapare y les beneficia a sus federaciones, porque establece el incremento a 22.000 Ha de producción de la coca de las cuales 14.220 son de los Yungas, y 7.700 del trópico de Cochabamba. La ley 1008 derogada solo permitía 12.000 Ha. en territorio paceño y consideraba ILEGAL la producción del Chapare porque NO es ancestral.
La UNDIOC, durante el período del cocalero Morales se incrementó a 26.000 Ha. según Trhierry Rostan, representante de UNODC en Bolivia, alertó sobre cultivos ilícitos en 6 de las 22 áreas protegidas a nivel nacional, donde está prohibida por ley la expansión de cultivos de hoja de coca que es materia prima de la cocaína, registrada principalmente en los Valles del Departamento de Cochabamba, bastión del cocalero Morales.
Según la UNIODC, con datos certificados, Bolivia es el tercer productor mundial de la coca y cocaína, después de Colombia y Perú, que en 2019 se registró un incremento del 10% de sus cultivos de coca con respecto a 2018 de 23.100 a 23.600 Ha.
La sala Constitucional cuarta de La Paz, dispuso a la policía tomar los predios de ADEPCOCA y entregarlos al grupo afín al MAS, para consolidar esta división entre cocaleros de los Yungas, el Gobierno dispuso que el mercado de la hoja de la coca sea trasladado a la sede de los transportistas 1º de Mayo ubicado en la zona Kalajahuiraa partir de ese día, hubo tensión y enfrentamiento entre los grupos de cocaleros de los Yungas enfrentados por el control legal de la coca, LLuta se enmarca en la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
El lunes 5 de marzo ADEPCOCA inició el bloqueo de caminos de la ruta que conecta a los Yungas con la ciudad de La paz, exige la anulación emitida por el Ministerio de Desarrollo rural y tierras, sin embargo, los transportistas y los cocaleros masistas se enfrentaron causando heridos muy graves con pedida de brazos y heridas muy graves. en rechazo a la instalación de un mercado paralelo de la hoja que impulsa el gobierno y administrada por un grupo paralelo afín al MAS liderada por Elena Flores.
Mientras el gobierno divide a los cocaleros de los Yungas, en Chimore se registraron en un día 36 salidas de aviones, sin ningún control, en la pista “internacional” de Chimore, se destituyó al Director de Aeropuertos, sin que exista un informe previo, y el destituido acusa al Ministro de Obras Públicas de dar la autorización para el uso del Aeropuerto habiendo estado paralizado por muchos meses, será que con esas 36 cargas el gobierno pretende blindar la economía de Bolivia hoy en crisis económica, puesto que ya no existe recursos en el Tesoro General del Estado para pagar los salarios de los médicos que hoy claman por la cancelación adeudada hace tres meses.
Los vecinos de la zona de kalajahuira se declaran en estado de emergencia y dieron 48 horas para el desalojo del mercado ilegal de la coca instalado en el sindicato de transportistas que denuncian destrozos en sus viviendas producto se los enfrentamientos, en el que mujeres cocaleras sufrieron gasificación y golpes de parte de los policías.
Para lograr la pacificación, exigimos la abrogación de la Resolución Ministerial 068, que permite el traslado ilegal, porque ADEPCOCA es una instancia privada y el gobierno NO puede interferir los actos de los cocaleros asociados de los Yungas.
Autora: Angélica Siles Parrado
