La deuda externa pública de Bolivia alcanzó un nuevo máximo histórico al situarse en 14.357,7 millones de dólares al 30 de junio de 2026, según el más reciente informe del Banco Central de Bolivia (BCB). Sin embargo, más allá del crecimiento del endeudamiento, el dato que genera mayor preocupación es que el país comenzó a desembolsar más dinero para pagar sus obligaciones internacionales del que recibe en nuevos préstamos, reflejando una creciente presión sobre las finanzas estatales.
Durante el primer semestre de este año, Bolivia recibió 1.217,8 millones de dólares en nuevos desembolsos, pero destinó 1.284,9 millones al pago de capital, intereses y comisiones de la deuda externa. Esto provocó un flujo financiero neto negativo de 67 millones de dólares, una señal de que una parte importante de los recursos que ingresan al país ya no fortalece la inversión pública, sino que se utiliza para cumplir compromisos con los acreedores internacionales.
El informe también revela un cambio significativo en el destino de los nuevos préstamos. El 90,3% de los recursos obtenidos entre enero y junio —equivalentes a 1.100 millones de dólares— fue destinado al apoyo presupuestario, es decir, a cubrir necesidades de liquidez y funcionamiento del Estado. De ese total, 1.000 millones provinieron de la emisión de Bonos Soberanos en los mercados internacionales, mientras que 100 millones fueron otorgados por la CAF para fortalecer la gestión económica. En contraste, los desembolsos destinados a infraestructura vial, salud, energía y saneamiento básico fueron considerablemente menores.
La composición de la deuda también evidencia esta transformación. El apoyo presupuestario representa actualmente 3.775,4 millones de dólares, equivalente al 26,3% de toda la deuda externa del país, convirtiéndose en el principal componente del endeudamiento boliviano. Le siguen los créditos para infraestructura vial, salud, programas multisectoriales y saneamiento básico. En otras palabras, más de una cuarta parte de la deuda ya está destinada a financiar el presupuesto estatal y no necesariamente proyectos de inversión de largo plazo.
Otro elemento que incrementa la vulnerabilidad económica es la elevada dependencia del dólar estadounidense. El 85,8% de la deuda externa está denominada en dólares, mientras que el resto se distribuye entre francos suizos, euros, yuanes chinos, yenes japoneses y wones surcoreanos. Esta estructura implica que la persistente escasez de divisas incrementa el riesgo financiero, ya que la mayor parte de las obligaciones debe cancelarse en moneda estadounidense.
El endeudamiento, además, continúa expandiéndose. Solo entre enero y junio de 2026 Bolivia contrató nuevas obligaciones por 1.322,3 millones de dólares, nuevamente impulsadas por la colocación de Bonos Soberanos y créditos de organismos multilaterales y cooperación bilateral. A ello se suman 4.164 millones de dólares en préstamos ya aprobados y aún no desembolsados, destinados principalmente a infraestructura vial, energía y salud, lo que anticipa que el saldo de la deuda seguirá aumentando conforme esos recursos sean ejecutados.
«El principal desafío de la deuda externa boliviana ya no está en el monto total, sino en la capacidad del país para generar los dólares necesarios para cumplir con sus pagos», afirmó el economista Fernando Romero. El especialista explicó que Bolivia aún no enfrenta un problema de solvencia, ya que sus indicadores de endeudamiento permanecen por debajo de los umbrales internacionales y gran parte de la deuda continúa concentrada en organismos multilaterales, que ofrecen mejores condiciones financieras. No obstante, advirtió que la liquidez se ha deteriorado debido a la caída de las exportaciones, el déficit fiscal, la escasez de dólares y la reducción de las reservas internacionales.
Expertos y organismos financieros internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, coinciden en que los países con déficits fiscales persistentes y menores ingresos en divisas enfrentan mayores riesgos cuando el endeudamiento comienza a destinarse al financiamiento del gasto corriente en lugar de proyectos productivos. El nuevo informe del BCB confirma que Bolivia atraviesa una etapa de creciente presión financiera, en la que el desafío ya no es únicamente cuánto debe el país, sino cómo sostener el pago de sus obligaciones sin comprometer la inversión pública, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de los próximos años.
