La tensión política en Bolivia sumó un nuevo capítulo este martes después de que el expresidente Evo Morales amenazara con tomar una planta de energía eléctrica en el Trópico de Cochabamba si vuelven a registrarse apagones en la región. La advertencia fue lanzada durante una reunión con sindicatos cocaleros en Shinahota, considerado uno de los principales bastiones políticos y sindicales del exmandatario.
«Si otra vez nos cortan, nos movilizamos, tomamos una y la administramos para que nunca nos falte energía«, afirmó Morales ante sus seguidores. El líder cocalero sostuvo que la infraestructura energética se encuentra dentro de su territorio y aseguró que existen profesionales capacitados para hacerse cargo de su funcionamiento. «Aquí tenemos ingenieros, electricistas y administradores«, remarcó.
La declaración surge tras una serie de interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron a municipios del Trópico cochabambino durante las últimas semanas. De acuerdo con reportes locales, al menos tres apagones de consideración fueron registrados entre finales de mayo y junio, afectando a poblaciones como Shinahota, Lauca Ñ y Senda III.
El primer corte se produjo el 27 de mayo y dejó sin energía eléctrica a varias localidades durante más de dos horas. Posteriormente se registraron nuevas interrupciones el 6 y el 20 de junio, generando preocupación entre productores, comerciantes y organizaciones sociales de la región. Morales aseguró que la suma de estos eventos supera las 30 horas sin servicio eléctrico.
El expresidente rechazó la explicación inicial de la empresa proveedora, que atribuyó los cortes a problemas técnicos, y denunció que detrás de los apagones existe una supuesta decisión política dirigida contra el Trópico de Cochabamba. «Es una medida abusiva que afecta a miles de familias trabajadoras, productores, transportistas, estudiantes y comerciantes«, manifestó días atrás a través de sus redes sociales.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, calificó la amenaza de tomar instalaciones energéticas como un acto «criminal» y advirtió que el Estado protegerá la infraestructura estratégica del país. «No hay nadie por encima de la ley«, sostuvo la autoridad, al anunciar que las fuerzas de seguridad resguardarán los centros energéticos considerados sensibles.
La controversia se desarrolla en medio de una compleja coyuntura política marcada por más de 50 días de bloqueos, protestas y enfrentamientos que derivaron en la declaratoria de Estado de Excepción. Aunque las movilizaciones disminuyeron tras acuerdos alcanzados entre el Gobierno y algunos sectores sociales, las tensiones persisten en regiones afines al expresidente.
Analistas consideran que el conflicto refleja la profunda polarización política que atraviesa Bolivia. Mientras el Gobierno sostiene que busca restablecer el orden y garantizar los servicios básicos, Morales y sus seguidores denuncian una supuesta persecución contra las organizaciones sociales del Chapare. La amenaza de intervenir una planta eléctrica eleva el nivel de confrontación y abre un nuevo frente de disputa en un país que aún intenta recuperarse de una de las crisis sociales y políticas más prolongadas de los últimos años.
