El presidente Rodrigo Paz lanzó una de las afirmaciones más duras sobre la situación económica del país al asegurar que los aportes de los trabajadores administrados por la Gestora “no están”. La declaración cayó como un balde de agua fría en un país que depende de estos fondos para la jubilación de millones de ciudadanos. “Si hay compañeros en esta sala que son aportantes… no hay sus aportes en la Gestora, se los gastaron”, denunció.
La frase, pronunciada sin rodeos, encendió alarmas sobre la administración de los recursos destinados a la seguridad social. Frente a la gravedad del señalamiento, Paz solo adelantó brevemente que se reorganizará la institución, sin dar mayores detalles sobre plazos o responsables. “Hay que ordenar la casa”, dijo.
El Presidente hizo esta revelación mientras abordaba otro tema crítico: la falta de recursos para pagar sueldos este año a médicos, maestros y otros trabajadores del sector público. Según explicó, el déficit asciende a aproximadamente Bs 16.000 millones, lo que pone presión inmediata sobre la gestión estatal.
Paz afirmó que la escasez de fondos no se limita a una sola área, sino que atraviesa varias instituciones públicas. “Hay déficit en distintas áreas y eso es una realidad que no podemos esconder”, sostuvo, insistiendo en que el país enfrenta una coyuntura económica que requiere ajustes urgentes.
La situación se agrava al conocerse que Bolivia arrastra una deuda conjunta —entre interna y externa— que alcanza los Bs 40.000 millones. “Esa es la deuda real del país hoy”, dijo Paz, subrayando que las obligaciones financieras comprometen la estabilidad de los próximos años.
La declaración sobre la Gestora generó inquietud inmediata entre trabajadores, sindicatos y sectores profesionales. La posibilidad de que los aportes destinados a jubilación no estén disponibles plantea un escenario de incertidumbre inédita. “Queremos saber dónde están nuestros recursos”, reclamaron representantes gremiales tras conocer el mensaje presidencial.
Aunque Paz prometió reorganizar la Gestora, no especificó si se abrirán auditorías, si habrá responsables o si se garantizará la restitución de los fondos. Para muchos, la falta de claridad incrementa la desconfianza en la administración estatal.
En un país marcado por crisis recurrentes, el anuncio de que los aportes jubilatorios “se gastaron” sacude uno de los pilares de la seguridad laboral. En las próximas semanas, la presión social y la exigencia de explicaciones podrían marcar la agenda política y económica del Gobierno.
