Boris Arias López y Carlos Ortega Sibila son los únicos magistrados electos sin vínculos previos con la función pública. Los 17 restantes ocuparon roles en instituciones del Ejecutivo, entidades descentralizadas o el Órgano Judicial antes de asumir sus nuevos cargos.
Según su hoja de vida, Gabriela Araoz, ahora titular del Consejo de la Magistratura, trabajó como auxiliar y agente consular en el Consulado de Bolivia en Valencia, España, entre 2012 y 2019. También tuvo roles en el Ministerio de Culturas y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) desde 2021 a 2023.
Norma Velasco, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Potosí, cuenta con una amplia trayectoria en instituciones como la Procuraduría General del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Su experiencia incluye la dirección de asuntos jurídicos en varias entidades.
En contraste, Boris Arias y Carlos Ortega llegan con trayectorias académicas y litigantes. Arias ha sido docente desde 2007 en universidades como la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Católica San Pablo. Ortega, por su parte, enseñó en la Universidad Mayor de San Francisco Xavier desde 2006 y ejerció como abogado litigante.
Otros magistrados, como Rocío Vásquez y Roxana Chávez del Tribunal Agroambiental, ocuparon cargos en el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), el Ministerio de Salud y otras entidades estatales. “Hemos trabajado en proyectos que fortalecen las autonomías indígenas y la gestión territorial”, destacó Vásquez.
En el Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira y Germán Pardo sobresalen por sus antecedentes en la judicatura. Coaquira fue vocal de la Sala Civil Segunda de La Paz, mientras que Pardo se desempeñó como juez penal en Cochabamba.
Algunos magistrados enfrentan cuestionamientos por hechos pasados. Manuel Baptista, juez del Consejo de la Magistratura, fue aprehendido en 2023 en relación al caso “narcovuelo”. También se reportaron detenciones previas por presunto prevaricato, aunque fue liberado en cada ocasión.
Conformado mayoritariamente por figuras con experiencia en el ámbito público, el nuevo órgano judicial también plantea interrogantes sobre cómo la independencia y la renovación se verán reflejadas en su gestión futura.
