En Bolivia, el 36% de los estudiantes en áreas rurales abandona la secundaria, una realidad que evidencia la brecha educativa entre zonas urbanas y rurales. Mientras en las ciudades el 87% de los estudiantes concluye sus estudios secundarios, en las áreas rurales solo el 64% lo logra. Estos datos se desprenden del informe titulado “Situación de la Educación en Bolivia”, elaborado por la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) y el consorcio CEMSE-ACLO.
El estudio fue presentado en el marco de la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación (SAME) y alerta sobre la baja calidad del aprendizaje en el país. Ernesto Yáñez, autor del informe, subrayó la urgencia de tomar medidas: “No podemos seguir hipotecando el futuro de los jóvenes; es crucial reconocer esta crisis y actuar de inmediato”.
Según el informe, Bolivia se encuentra por debajo de los promedios regionales en áreas como comprensión lectora y razonamiento matemático, de acuerdo con evaluaciones de la UNESCO. Cecilia Lazarte, directora de la CBDE, describió un panorama alarmante: “Siete de cada diez niños en tercer grado y ocho de cada diez en sexto grado tienen dificultades significativas para comprender lo que leen”.
La situación en matemáticas es igualmente preocupante. Ocho de cada diez estudiantes en tercer grado y dos de cada tres en sexto grado presentan bajos niveles de desempeño, lo cual afecta habilidades básicas, como resolver problemas y calcular áreas y perímetros. “Este bajo rendimiento limita su capacidad para desarrollar competencias críticas”, afirmó Lazarte.
El informe también aborda la educación especial e inclusión. A pesar de avances, persisten obstáculos para personas con discapacidad. Actualmente, solo el 2,6% de las escuelas iniciales y el 9% de las primarias integran a estudiantes con discapacidad, una situación que se agrava en áreas rurales.
Otro aspecto crítico es la formación técnica profesional, que llega solo al 34% de las unidades de secundaria. Esto limita el acceso a empleos cualificados en sectores técnicos y tecnológicos, restringiendo las oportunidades para jóvenes en el país.
Además, el estudio cuestiona la asignación de recursos. Aunque el gasto en educación representa el 8% del PIB, los avances en calidad educativa han sido mínimos. Este contraste subraya la necesidad de una revisión exhaustiva en la gestión de los fondos. “Los hallazgos exigen una acción urgente del Estado y la sociedad”, concluyó Lazarte, instando a reformar el sistema educativo para garantizar una educación inclusiva y de calidad.
