En septiembre de 2017, el Banco Unión fue sacudido por la revelación de un desfalco cometido por Juan Franz Pari Pari, quien logró burlar todos los sistemas de control de la entidad. Esta situación derivó en una serie de sanciones en diciembre del mismo año por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
La ASFI inhabilitó de manera definitiva a Diego Alejandro Pérez Cueto Eulert, expresidente del directorio del Banco Unión, a Marcia Villarroel, exgerente general, y a otros exfuncionarios por no cumplir con sus responsabilidades de supervisión y control eficientes de los recursos del banco. «Las sanciones se impusieron por la falta de un control efectivo en los movimientos financieros del banco», explicó un representante de la ASFI en ese momento.
Sin embargo, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) decidió suspender estas sanciones definitivas. «El Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, en ejercicio de sus atribuciones, resuelve suspender la sanción impuesta al señor Diego Alejandro Pérez Cueto Eulert, en su condición de expresidente del directorio del Banco Unión S.A.», según el documento oficial que cita la Resolución Administrativa ASFI/1410/2017.
De manera sorpresiva, en noviembre de 2021, el Banco Central de Bolivia (BCB) comunicó la designación de Diego Alejandro Pérez Cueto Eulert como nuevo Director Interino del ente emisor. Esta decisión se realizó en el marco de la Resolución Suprema 27637, firmada por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.
El retorno de Pérez Cueto Eulert a un alto cargo financiero ha generado controversia y cuestionamientos. “Es desconcertante que alguien previamente sancionado por un desfalco tan significativo sea nombrado a un puesto tan crucial en el BCB”, comentó un analista financiero que prefirió mantener el anonimato.
Este nombramiento pone en tela de juicio la coherencia de las sanciones impuestas por las autoridades financieras y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Mientras tanto, la confianza en las instituciones financieras de Bolivia sigue siendo un tema de debate público.
