Hasta antes de 2016 todo parecía salirle a pedir de boca al expresidente Morales Ayma. Entre otras cosas, se lanzó a un revocatorio que consolidó su poder y barrió con todos los entonces llamados prefectos de oposición, de Cochabamba y de La Paz –y con la propia oposición, podría decirse–, lo que supuso que gobernase aplicando un rodillo parlamentario arrasador y con el poder judicial absolutamente cooptado por su régimen (luego, con la nueva CPE, vendría la toma del poder electoral).
En la cima del poder casi total(itario), convocó a Asamblea Constituyente logrando la mayoría (aunque no dos tercios) de asambleístas que respondían a sus designios –hay que recordar que todos los constituyentes de las circunscripciones urbana de La Paz eran militantes del MSM, de Juan del Granado, entonces incondicional del denominado “proceso de cambio”–.
No sin dificultades para la aprobación del texto final, sin embargo, el referéndum constitucional arrojó cifras apabullantes en favor de la CPE –Zaratti la llamó “COPOLMA” (Constitución política masista)– y fue promulgada con aires de refundación prometiendo Morales no menos de 500 años de vigencia de la misma. Uno de los acuerdos previos para su desentrabamiento fue que el siguiente periodo presidencial, en caso de que Morales Ayma se postulara y ganara sería considerado el segundo, con lo que, de acuerdo a la nueva CPE, no podría postularse a uno subsiguiente. Pero, hecha la ley, hecha la trampa, el reelecto se las ingenió, con un TCP a su servicio, para declarar ese segundo periodo como primero y así poder seguir reeligiéndose –Declaración Constitucional 003-2013–. Hasta ahí, todo fue color de rosa azul.
Pero tan pronto como asumió su tercer periodo, y ante la imposibilidad de aplicar la anterior receta, comenzó a pergeñar la manera de reelegirse ad infinitum. Y ahí comenzaron los tropiezos. Seguramente confiado en que el control absoluto de los poderes volvería a darle gusto –el pedir y que le cumplan se volvió una costumbre– pidió (o sea, no fue la oposición la que lo hizo) un referéndum con ese fin, en la idea de que solo era una formalidad a ser “bendecida” por el TSE, de atornillarse en el poder “forever”, jurando en el camino, que, si perdía por un solo voto, se iría calladito a su cato. Pues la ciudadanía, por mucho esfuerzo que el órgano electoral hiciese para acortar distancia, dijo NO –el recordado 21F–. Inmediatamente, el régimen montó una operación judicial para burlar el resultado y habilitar forzadamente a Morales Ayma –Sentencia Constitucional 084-2017–.
Completamente deslegitimado, se lanzó a la candidatura en 2019 y recurrió al fraude para hacerse una vez más del poder. Ante la evidencia, esta vez “Su Excedencia” pidió a la OEA una auditoría vinculante que, obviamente, ratificó las irregularidades. Perdido, intentó una nueva convocatoria. La ciudadanía, hastiada, no se dejó timar otra vez.
Ya en los prolegómenos de su huida, “Su excedencia” hizo otros pedidos: “pidan mi renuncia” a unos y “renuncien” al resto, obviamente buscando generar caos, violencia y vacío de poder. Por tercera vez, un pedido suyo se estrellaría con la realidad –y “Su Excedencia” tuvo que pedir un avión–: sin apartarse de la sucesión constitucional, dando continuidad a la labor legislativa y dando lugar a la transición, se sorteó el vacío de poder generado por el régimen fraudulento.
