«Tenemos que frenar las prácticas de las empresas chinas que dañan el medio ambiente y envenenan los ríos con mercurio, poniendo en riesgo la salud de los indígenas», señalan delegaciones de pueblos amazónicos al gobierno de Luis Arce.
Un estudio realizado en comunidades indígenas de la región amazónica de La Paz revela índices alarmantes de mercurio en los residentes, superando los límites tolerables.
El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) calcula que Bolivia importa aproximadamente 140 toneladas de mercurio por año y se estima que reexporta ilegalmente alrededor de 60 toneladas a países vecinos como Perú y Brasil.
Investigaciones evidencian la presencia de actores chinos involucrados en actividades extractivas ilegales y legales no solo en Bolivia, sino también en otras partes del mundo.
Organizaciones chinas operan en cooperativas mineras en el norte de La Paz, aprovechando tasas tributarias más bajas y evadiendo controles, mientras se extrae oro para aumentar las reservas del banco central chino.
Ambientalistas y defensores de los pueblos indígenas enfrentan resistencia por parte de las cooperativas que defienden los intereses de los inversores chinos y se oponen a regulaciones que controlen el uso del mercurio en la minería del oro.
El gobierno de Arce, con estrechas relaciones con China, enfrenta la presión de equilibrar los intereses económicos y ambientales en esta industria.
El aumento de las importaciones de equipos para la minería del oro y el impacto ambiental y sanitario causado por las empresas chinas en Bolivia plantean serias preocupaciones y desafíos para el gobierno y los defensores del medio ambiente.
