Por feliz coincidencia, la publicación de esta columna ocurre exactamente en la fecha en la que, hace treinta años, se pronunció la sentencia, en el marco de un juicio de responsabilidades, contra Luis García Meza y varios de sus colaboradores por una serie de hechos acontecidos durante el gobierno de facto de aquella época.
El entonces general García Meza y sus secuaces –el infame Luis Arce Gómez, el más connotado de éstos- interrumpieron por segunda vez en breve espacio de tiempo –meses antes lo había hecho Alberto Natush Busch- el proceso democrático en ciernes que Bolivia deseaba consolidar.
La víctima directa del golpe fue la presidenta Lidia Gueiler, cuyo gobierno de transición sufrió el acoso permanente de agentes de la peor versión de la milicia que operaban sembrando el terror entre la población y atentando contra la vida de connotadas figuras de la política y del periodismo y que, tras el asalto al gobierno, siguieron haciéndolo. Meses antes, la avioneta que transportaba a miembros de la UDP –se dice que Hernán Siles debía haber estado en la nave- sufrió un atentado en el que, salvo Jaime Paz Zamora, murieron todos los pasajeros; en otro acto de terrorismo, el sacerdote y periodista Luis Espinal fue asesinado. Durante la asonada (toma de la COB donde sesionaba el Conade) fueron apresados, y luego torturados y asesinados, dirigentes de entonces –Marcelo Quiroga Santa Cruz, el más emblemático- y ya con el poder en sus puños, masacró a dirigentes del MIR que sostenían una reunión clandestina en un inmueble de la calle Harrington. De aquel periodo se recuerdan con horror las “ambulancias de la muerte” y los paramilitares a órdenes de Luis Arce, además de la comisión de una serie de delitos de toda índole (“mínimos”, como los vidrios rayban o los carritos Hanne, hasta los de gran envergadura, como las piedras semipreciosas o el narcotráfico).
Reconquistada la democracia y en aplicación del debido proceso, el dictador y sus cómplices fueron sometidos a juicio de responsabilidad, mismo que duró nueve años, hasta que, en esta fecha, 21 de abril de 1993, se emitió sentencia condenatoria con penas diferenciadas según los grupos de delitos que para los principales actores de la dictadura fue la de treinta años de prisión sin derecho a indulto. La palabra que más se escuchó de boca de García Meza durante el juicio fue “desconozco”.
Al respecto, hay que recordar siempre y valorar dos elementos: el aporte y persistencia de los impulsores del juicio, encabezados por Juan Del Granado, y el hecho, inédito hasta entonces en Latinoamérica, de un dictador sentenciado por la vía de un proceso de tal característica.
Como consecuencia y lección que dejó, está el hecho de que una vez reconquistada la democracia no se volvieron a producir golpes –un golpe tiene siempre un “hombre fuerte” que es quien ocupa la silla presidencial una vez producido éste, lo que echa por tierra el relato de que en 2019 se produjo un golpe (lo hubiese sido si Mesa, Quiroga, Ortiz u otra persona ajena a la sucesión constitucional se hacía con la Presidencia). Otra precisión que se debe recalcar es que un dictador fue sometido a ley para juzgar a altos dignatarios de Estado, mientras que a una Presidenta constitucional se la somete ahora a un juicio ordinario.
