El Gobierno ha acusado a la Asamblea Legislativa del departamento de Santa Cruz de incurrir en «delito de separatismo» por aprobar una ley que autoriza la designación de autoridades locales en distintos organismos, al tiempo que ha incidido de que se trata de «una grave afrenta a la unidad del país.
El ministro de Justicia, Iván Lima, ha incidido en que esta legislación «constituye indicio de delito de separatismo» y ha agregado que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ha presentado ya una petición ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie.
La polémica deriva de la decisión de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, controlada por Creemos, de aprobar una ley que permite el nombramiento de funcionarios en la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Electoral Departamental y otros organismos, según ha informado el diario boliviano ‘La Razón’.
«Lo que ha hecho la Asamblea Departamental de Santa Cruz al aprobar esta norma no es un acto que tampoco pueda hacer admitida. La Asamblea Legislativa Plurinacional es la única instancia que puede regular en esta materia», ha argumentado.
En este sentido, Lima ha hecho hincapié en que la Asamblea Departamental de Santa Cruz incurre en «una vulneración a leyes, la Constitución y las normas de orden público» con su decisión. «Esta actitud tampoco es tolerable», ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que el objetivo es «dividir al pueblo boliviano».
El ministro ha resaltado además que se ha pedido al Constitucional que «suspenda esta ley» y «evite su promulgación» por parte del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. «Nos parece que éste es un acto de separatismo y afrenta a la Constitución y a la unidad nacional», ha reiterado.
De esta forma, ha advertido de que, en caso de que la ley se apruebe, se demostraría que Camacho «quiere consolidar un golpe de Estado, ser reconocido como un dictador. «Por eso, el acto de promulgación de esta ley va a ser considerado como delito de separatismo».
Camacho, anteriormente líder cívico de Santa Cruz, se presentó a las elecciones a gobernador del citado departamento con la alianza Creemos, la misma que amparó su candidatura a la Presidencia del país andino en octubre de 2020, en las que se impuso Luis Arce, el candidato del partido del exmandatario Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS).
El ahora gobernador de Santa Cruz fue uno de los líderes de la ola de protestas contra Morales tras las elecciones de octubre de 2019. El clima de insatisfacción ciudadana y un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vino a confirmar «irregularidades» en los comicios, terminaron con la dimisión del exmandatario.
Tras la dimisión de Morales y otros altos cargos, la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, se proclamó presidenta del país y lideró la política boliviana hasta la celebración de las elecciones de octubre de 2020, que supusieron el retorno al poder del MAS del expresidente.
