La policía detuvo en el sur de Londres a tres presuntos miembros de una «sofisticada red de tráfico de personas» que llevaba a migrantes desde Bolivia al Reino Unido aprovechando la ausencia de controles fronterizos entre Irlanda e Irlanda del Norte.
Dos hombres de 41 y 38 años y una mujer de 35, cuyas identidades y nacionalidades no fueron reveladas, fueron detenidos el martes en los barrios londinenses de Camberwell y Peckham, informó el ministerio del Interior en un comunicado.
Son sospechosos de integrar «un grupo delictivo organizado relacionado con una sofisticada red de tráfico de personas entre Bolivia y el Reino Unido», precisó.
La policía detuvo asimismo a una mujer y un hombre «identificados como migrantes ilegales de Bolivia» cuyos casos serán tratados por los servicios de inmigración, precisó.
Según los investigadores, la red «cobraba a los migrantes miles de libras por volar de Bolivia al Reino Unido a través de la República de Irlanda», desde donde eran introducidos en suelo británico aprovechando la ausencia de controles fronterizos entre ese país miembro de la Unión Europea (UE) y la vecina región de Irlanda del Norte.
«Estos individuos pensaban que estaban fuera del alcance de la ley y se han equivocado», afirmó el secretario de Estado británico de Inmigración, Robert Jenrick, subrayando la «determinación» de su país a «tomar medidas drásticas» contra la migración irregular.
«Seguimos investigando sin descanso y ejecutando operaciones como ésta para detener a quienes se lucran abusando de nuestro sistema de inmigración», agregó Tony Hilton, subdirector de la unidad de investigación financiera criminal británica.
Determinado a endurecer el control de sus fronteras tras salir de la UE en enero de 2021, el Reino Unido ha condenado a 52 personas por tráfico ilegal de migrantes este año.
La ultraconservadora ministra del Interior, Suella Braverman, defiende un controvertido plan consiste en enviar a Ruanda, país africano a 6.500 km de Londres, a los migrantes ilegales independientemente de su origen.
Denunciado por grupos de defensa de los derechos humanos, este está actualmente siendo estudiado por la justicia.
