En medio de una preocupación global y una escasez de información concreta desde el terreno, la responsable de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, advirtió el martes que ha recibido reportes creíbles de “ejecuciones sumarias” y restricciones sobre las mujeres en zonas de Afganistán que se encuentran bajo control talibán.
Las denuncias avivaron el temor respecto del posible devenir del régimen extremista, que lleva poco más de una semana al mando del gobierno afgano, luego de la salida programada de las fuerzas militares estadounidenses.
Bajo este contexto, Bachelet instó al Consejo de Derechos Humanos a tomar “medidas firmes y audaces” para monitorear la situación de derechos en el país de Oriente.
Los reportes que se reciben desde Afganistán, en medio del caos, son irregulares y resulta difícil determinar la magnitud de los avasallamientos, así como identificar si los presuntos violadores de derechos son talibanes o combatientes independientes.
Bachelet también fijó una “línea roja” para el trato que reciben las mujeres en Afganistán. “Una línea roja fundamental será la forma en que los talibanes traten a las mujeres y a las niñas y respeten sus derechos a la libertad, la libertad de movimiento, la educación, la expresión personal y el empleo, conforme a las normas internacionales en materia de derechos humanos”, advirtió.
Este martes, los líderes del G-7 -integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- se reunirán virtualmente para debatir acerca de la incipiente crisis de refugiados y el colapso político en Afganistán.
También se espera que se evalúe la posibilidad de demorar la retirada completa de las tropas estadounidenses más allá de fin de mes, de modo de ampliar el tiempo para evacuar a más cantidad de personas del país, ya que son cientos los residentes desesperados por salir, tal como se vio reflejado en las imágenes del aeropuerto de Kabul en las últimas semanas, en donde las madres y padres entregaban a sus bebés a los militares de Occidente y hasta un par de jóvenes llegaron a treparse de las alas de un avión para intentar emigrar. Se registró la muerte de al menos 14 personas en su intento de dejar Afganistán.
Sin embargo, en el gobierno de Joe Biden se mantienen escépticos respecto de la extensión de la estadía de las fuerzas armadas, en tanto los talibanes advirtieron, por medio de un portavoz, que el 31 de agosto representa “una línea roja”, y ampliar la presencia estadounidense “provocaría una reacción”.
Detalles sobre las denuncias
La expresidenta de Chile pidió el martes medidas firmes para investigar los reportes de violaciones de derechos y trató de asegurarse de que la atención internacional sobre el país no se desvaneciera.
“En este momento crítico, la gente de Afganistán mira al Consejo de Derechos Humanos para defender y proteger sus derechos”’, dijo. Y agregó: “Insto a este Consejo a tomar medidas firmes y audaces, proporcionales a la gravedad de esta crisis, estableciendo un mecanismo dedicado a vigilar de cerca la evolución de la situación de derechos humanos en Afganistán”.
Por “mecanismo”, la funcionaria de la ONU se refería a la posibilidad de que el Consejo nombrase una comisión de investigación, un enviado especial o una misión de verificación sobre la situación en Oriente. Grupos activistas como Human Rights Watch también presionaron para solicitar una iniciativa de esa clase, y otras ONGs pidieron que se pusiera en marcha una investigación internacional, como la que el Consejo ha dispuesto en Venezuela y Birmania.
Bachelet citó reportes de “ejecuciones sumarias” de civiles y exagentes de seguridad que habían dejado de combatir, reclutamiento de niños soldados y restricciones sobre los derechos de las mujeres a moverse con libertad, así como el de las niñas a ir a la escuela. Citó, también, casos de represión sobre protestas pacíficas y de muestras de disidencia, pero no especificó cuándo se habían producido esos incidentes ni la fuente de sus reportes.
Unos días antes, un grupo privado de inteligencia con sede en Noruega que proporciona información a Naciones Unidas dijo haber obtenido pruebas de que los talibanes habían detenido a afganos incluidos en una lista negra de personas que creían habían ocupado puestos clave en gobiernos previos o con las fuerzas lideradas por Estados Unidos.
Varios afganos permanecen escondidos y dicen tener miedo a represalias, en particular, por los recuerdos del último gobierno talibán, de finales de la década de 1990. En ese entonces, el grupo confinó a las mujeres a sus hogares, prohibió la televisión y la música, cortó las manos a supuestos ladrones y celebró ejecuciones públicas.
Bachelet señaló que los líderes talibanes han prometido respetar los derechos de las mujeres, niñas y minorías étnicas, y evitar represalias, y que “depende por completo del Talibán convertir esos compromisos en realidad”. Ante los más de 40 países que integran el Consejo, consideró que “garantizar el acceso a una educación secundaria de calidad para las niñas será un indicador esencial del compromiso con los derechos humanos”.
La funcionaria de la ONU y exjefa de Estado, que a principios de agosto había mencionado “informes que mostraban violaciones que podrían constituir crímenes de guerra” en Afganistán, subrayó este martes que ”las violaciones de derechos humanos minan la legitimidad de sus autores frente a la población y también frente a las instituciones regionales e internacionales y frente a otros Estados”.
La sesión se celebró a instancias de Paquistán, en su calidad de coordinador de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) para los derechos humanos y cuestiones humanitarias, y de Afganistán, representado por Nasir Ahmad Andisha, diplomático que el antiguo gobierno había nombrado, con el apoyo de un centenar de países.
El proyecto de resolución presentado por Pakistán en nombre de la OCI se limita a pedir a la Alta Comisionada que investigue las violaciones de derechos humanos y publique un informe en el primer trimestre de 2022.
