El Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, ha justificado este martes la presencia militar en las calles del país y ha afirmado que con ella se brinda apoyo «excepcional» a la Policía frente a «la amenaza terrorista», a la que ha responsabilizado de los actos de violencia que se han vivido en los últimos días durante las protestas por la ya retirada reforma tributaria del Gobierno.
«La asistencia militar no es más que un esfuerzo adicional en unas ciudades y unas regiones especiales para que la Fuerza Pública y, especialmente nuestro Ejército, acompañe a nuestra Policía (…) para poder enfrentar de forma más contundente a estos vándalos y garantizar el orden público», ha defendido.
Esta presencia, ha continuado, «permite garantizar el abastecimiento en ciudades para que víveres, elementos de sanidad y combustible no falten. Se protegen aeropuertos, importaciones y exportaciones y la infraestructura vial, todo enmarcado bajo los Derechos Humanos», ha asegurado.
Molano ha señalado que «el impacto de las acciones terroristas» de los últimos días han dejado un policía muerto y más de 800 heridos, entre agentes y civiles, así como un gran número de infraestructuras públicas y negocios privados dañados, aunque no ha hecho referencia a los otros 18 fallecidos durante las manifestaciones.
«Han sido actos organizados y financiados por disidencias de las FARC y el ELN», ha acusado. En el caso de Cali, ha especificado, aunque matiza que muchos ciudadanos han acudido pacíficamente a las manifestaciones, «hay un grupo de estas organizaciones criminales, que buscan mimetizarse y han desarrollado estas acciones vandálicas».
En la noche del lunes, la ciudad de Cali, en el oeste de Colombia, ha sido escenario de fuertes protestas y enfrentamientos con la Policía, que han dejado, según la Alcaldía de la ciudad, cinco muertos y una treintena más de heridos, así como unos 400 detenidos en los últimos tres días, según el ministro Molano.
Entre los detenidos se encuentra un grupo de personas cuyo arresto estaba siendo supervisado por funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, quienes fueron amenazados a punta de pistola por agentes de la Policía mientras se encontraban observando los protocolos de la fuerza pública en una comisaría de Cali.
Un grupo de agentes de la Policía Nacional, relata el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, disparó en repetidas ocasiones al aire y al suelo contra varios funcionarios del Estado y tres trabajadores de organizaciones de Derechos Humanos, a quienes les «maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar», cuenta para la emisora Caracol Radio.
«Esta acción es absolutamente reprochable, no solo atenta contra la integridad psicológica de los funcionarios, sino contra las instituciones y contra los derechos de toda la ciudadanía», ha lamentado.
Este martes, la Defensoría también ha publicado una lista de 87 personas, entre ellas dos menores de edad, que habrían desaparecido en los últimos seis días, en el marco de las protestas en varias ciudades del país, como Medellín, Barranquilla, Bogotá o Cali
El uso excesivo de la fuerza que se le achaca a la fuerza pública –la prensa colombiana también se he hecho eco de las denuncias de manifestantes que aseguran que han dispersados con fuego real– ha sido condenada también este martes por Naciones Unidas y la Unión Europea, quienes han pedido el fin de la violencia contra «los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunirse y a la de expresarse».
