El Gobierno de Bolivia ha declarado el estado de Emergencia Energetica y Social en todo el territorio nacional, mediante el Decreto Supremo 5517. La medida responde a lo que el Ejecutivo califica como una crisis económica, financiera y social «estructural y terminal», heredada de la anterior administración.
El documento oficial señala que el país enfrenta un proceso inflacionario, escasez de dólares y el mayor desabastecimiento de combustibles de su historia. Esto, según el decreto, ha generado filas de más de una semana, paralización productiva y un deterioro profundo de las condiciones de vida.
En un giro significativo de política, el gobierno autoriza excepcionalmente a cualquier persona natural o jurídica privada la importación, venta y comercialización de derivados del petróleo. «Se autoriza… la importación… a Precio de Importación… en el marco del libre acceso no discriminatorio», establece el Artículo 4.
La medida más impactante es la suspensión temporal por un año del diésel de la Lista de Sustancias Controladas. Esto elimina la exigencia de Autorización Previa para su importación, con el fin declarado de «garantizar el abastecimiento continuo y oportuno» para el transporte y sectores productivos.
El decreto fundamenta la decisión en «graves hechos de corrupción que afectaron a YPFB» durante la gestión anterior, lo que, a su juicio, vulneró la confianza pública y comprometió la soberanía energética. La reactivación económica es el objetivo central.
Las medidas tienen carácter excepcional, temporal e inmediato, según el texto. Las instituciones como la Aduana y la Agencia Nacional de Hidrocarburos tienen solo cinco días hábiles para ajustar sus procedimientos y permitir la operación de este nuevo esquema.
«Con la finalidad de garantizar la provisión de combustible… superando de esta manera las trabas impuestas por el país tranca», argumenta el decreto. La norma busca «devolver la calidad de vida a las y los bolivianos» y garantizar la reconstrucción económica.
La firma del presidente Rodrigo Paz Pereira y todo su gabinete respalda este decreto, que deroga cualquier disposición contraria. La medida marca un cambio radical en el manejo de los hidrocarburos, históricamente bajo estricto control estatal en Bolivia, y coloca al sector privado como actor clave para superar la crisis inmediata.
