En medio de las dificultades de abastecimiento de combustibles que afectan a distintas regiones del país, el Gobierno nacional emitió tres nuevos decretos supremos destinados a proteger a sectores vulnerables, garantizar la continuidad de servicios esenciales y reforzar el suministro de carburantes. Las normas fueron publicadas la noche de este viernes en la Gaceta Oficial del Estado y entran en vigencia de manera inmediata.
La primera medida corresponde al Decreto Supremo 5633, que amplía hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para el cobro del beneficio económico del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). La disposición busca evitar que miles de beneficiarios pierdan el acceso a este apoyo estatal debido a las dificultades de movilización y atención registradas durante las últimas semanas.
Por otra parte, el Decreto Supremo 5634 establece un conjunto de acciones excepcionales para asegurar el abastecimiento de combustible a instituciones consideradas estratégicas para el funcionamiento del país. Entre ellas figuran hospitales, centros de salud, servicios de emergencia, empresas de agua potable, compañías de energía eléctrica, entidades de seguridad y organismos de defensa.
La norma también faculta a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a habilitar puntos móviles de venta de combustible, una medida que busca acercar el suministro a sectores con dificultades de acceso y reducir las largas filas que se registran en diferentes ciudades del país. Según el Gobierno, el objetivo es garantizar la distribución de carburantes de manera más eficiente y controlada.
Además, el decreto incorpora restricciones para la compra de gasolina y diésel en bidones, con el propósito de evitar prácticas de acopio, especulación y comercialización irregular. Las autoridades consideran que estas acciones permitirán priorizar el acceso al combustible para actividades productivas, servicios básicos y transporte esencial.
La tercera disposición, contenida en el Decreto Supremo 5635, autoriza a embajadas, consulados y organismos internacionales acreditados en Bolivia a importar combustible para consumo propio mientras persistan los problemas de abastecimiento. La medida busca garantizar la continuidad de las operaciones diplomáticas y de cooperación internacional sin generar presión adicional sobre el mercado interno.
Las nuevas decisiones reflejan la preocupación del Ejecutivo por el impacto que la escasez de carburantes puede generar en sectores sensibles de la economía y la prestación de servicios. Expertos en logística energética advierten que las interrupciones prolongadas en el suministro afectan directamente la actividad productiva, el transporte, la atención médica y el funcionamiento de infraestructuras críticas para la población.
«Las medidas son temporales y están orientadas a garantizar el funcionamiento de servicios básicos y el acceso al combustible en sectores prioritarios«, señala el espíritu de las nuevas disposiciones. Con estos decretos, el Gobierno intenta contener los efectos de la crisis de abastecimiento, mientras miles de ciudadanos continúan atentos a la evolución de la distribución de gasolina y diésel en todo el territorio nacional.
