La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha mostrado su apoyo a la nueva «Política de control y lucha contra el contrabando de combustibles» implementada por el Gobierno boliviano, y ha sugerido que se extienda a «todos los ámbitos» donde el contrabando ha penetrado. En un mensaje publicado en sus redes sociales, la CEPB destacó la importancia de esta medida para combatir los efectos nocivos del contrabando en la industria y el empleo, así como su impacto en la corrupción y la violencia.
La política implementada implica una serie de medidas de control y optimización, desde la producción e importación hasta la venta al consumidor final de combustibles, con el objetivo de generar un ahorro al Estado de alrededor de $us 1.000 millones al año. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, ha identificado que existen consumos inusuales de combustible del 30% al 40%, especialmente en zonas fronterizas, que provienen de diferentes estaciones de servicio.
El Decreto Supremo 4911 establece la interoperabilidad entre la Dirección de Sustancias Controladas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para realizar un control en la logística en la comercialización de combustibles, lo que permitirá un control en tiempo real para evitar su desvío. La CEPB ha sugerido que esta medida se extienda a todos los ámbitos donde el contrabando ha penetrado.
En palabras del presidente de la CEPB, Luis Barbery, «El contrabando de combustibles no solo causa un daño económico, sino que también genera violencia y corrupción, y nos alegra que el Gobierno esté tomando medidas para combatir este problema. Esperamos que esta política sea ampliada a todos los ámbitos donde el contrabando ha penetrado, para proteger la industria, el empleo y la economía del país».
En resumen, la CEPB respalda la política del Gobierno boliviano de control y lucha contra el contrabando de combustibles y sugiere que se extienda a todos los ámbitos donde este delito ha penetrado. La política busca generar ahorros al Estado y evitar el daño económico, la violencia y la corrupción causados por el contrabando. El Decreto Supremo 4911 establece medidas de control y optimización en la logística de la comercialización de combustibles para evitar su desvío.
