La Constitución Política del Estado establece que el Estado Art. 146. “La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional, de acuerdo a la Ley. Por equidad la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales”.
El pueblo del departamento de Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, cumplió 36 días de paro con medidas forzadas con el 80% que vive de la informalidad, soportó con estoicismo a pesar de la agresión y violencia de delincuentes llevados de otros departamentos contra el paro que EXIGIA Censo 2023. El Proyecto de ley del censo solo fue aprobado por la Cámara de Diputados, ahora la solución final está en la Cámara de Senadores, por las declaraciones del cocalero Loza, manifestó que NO pasará la Ley, esperemos que justifique el salario que le pagamos, cumpla su trabajo y apruebe la ley aunque no es a satisfacción del soberano que exigió que el Censo se realice en 2023, como siempre el gobierno autoritario no respeta la Constitución, las leyes y mucho menos su D.S.4546, mintiendo al país que se tenía todo preparado para realizar en 2022 e impuso que el Censo se realice en 2024.
Después del Censo el gobierno de Arce debe aplicar el PACTO FISCAL que implica repensar el modelo de desarrollo desde el ciudadano con énfasis en lo local, porque el modelo económico primario exportador rentista, comerciante y centralista que aplica el gobierno de Arce es depredador extractivista, por tanto es necesario que con los resultados del Censo se ejecute el pacto fiscal, para el desarrollo local y evitar que las y los habitantes migren a las grandes ciudades buscando mejores condiciones de vida, y como no hay generación de empleo se dedican al comercio INFORMAL, estas condiciones implica el desafío de la redistribución de recursos económicos, porque con el Censo algunos departamentos ganarán más recursos económico y mayor representatividad política y otros perderán en ambos campos que posiblemente sea una disputa política, se debe encaminar una solución para estas desigualdades en recursos y poder, el camino es el Pacto Fiscal.
Los ingresos del gas natural, que ha sustentado el modelo vigente, se están acabando. Los nuevos ricos (cooperativistas mineros, grandes gremiales y cocaleros) que tienen alta captura de capital deben pagar impuestos y aportar al Presupuesto General del Estado 2023, que lamentablemente el gobierno central concentra el 85% de los recursos, muchos de esos recursos GASTA en campaña electoral en medios de comunicación, por ello debe redistribuir recursos, pero también aumentar la capacidad de gestión institucional a nivel regional, con transparencia y tener un sistema de seguimiento y control de base local y nacional.
Si no se aplica el Pacto Fiscal, el federalismo que está en la agenda nacional desde hace muchos años, hoy reemerge en un contexto de crisis y tiene mayor impulso en Santa Cruz, Potosí y Tarija, idea que no se comprende e incluso se la confunde con separatismo. Nuestros vecinos Brasil y Argentina son Estados Federales, en lo económico implica los impuestos departamentales, ingresos, distribución modelo de desarrollo, diversificación productiva, cuidado del medio ambiente, transformación digital, el aumento del empleo de calidad, la reducción estructural de la pobreza y la desigualdad, el incremento de la productividad, una justicia transparente, modificación del sistema tributario y dar cumplimiento al Art. 323.I. “La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria”, por ello se debe modificar el Código Tributario obsoleto y aplicar el Art.323 de la CPE y aplicar la PROGRESIVIDAD el que gana más debe pagar más, en base a propuestas de las ETAs. y generar participación social, priorizar agendas productivas y sociales, así como mejorar el uso de los recursos públicos.
