Una controversia sacude a la Contraloría General del Estado luego de que emitiera un nuevo certificado de solvencia fiscal a favor del candidato presidencial Jaime Dunn, desoyendo una recomendación expresa de su propio equipo jurídico emitida solo tres días antes. El hecho ha levantado sospechas sobre la transparencia y rigurosidad de los procedimientos en un caso de alto perfil.
El Informe CGE/GSL-INF-110/2025, elaborado por la Subcontraloría de Servicios Legales el 4 de julio, concluyó que el certificado original de Dunn no presentaba errores y recomendó no reprocesarlo. Las abogadas incluso responsabilizaron al Gobierno Municipal de El Alto (GAMEA) por inconsistencias en el sistema. Pese a esta posición, el 7 de julio la Contraloría emitió un nuevo certificado que declara: “No presenta información inscrita en su contra”.
El documento contradice los reportes del GAMEA, que notificaron dos deudas impagas y quince procesos en impugnación contra el candidato. Esta contradicción ha puesto bajo la lupa la independencia técnica de la Contraloría y ha generado fuertes cuestionamientos sobre su actuación.
Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmaron que este martes se reunirá la Sala Plena para tratar el recurso interpuesto por Dunn, que busca revertir su inhabilitación y postular a la presidencia con el partido Nueva Generación Patriótica.
«No existe absolutamente ninguna razón por la que se podría cuestionar el hecho de que el pago no esté vigente», declaró Dunn en conferencia, tras presentar la nueva certificación ante el TSE. Aseguró que la documentación fue entregada en tiempo y forma.
Sin embargo, la Alcaldía de El Alto informó que ya impugnó la resolución de la Contraloría. El gobierno edil considera irregular la decisión del ente fiscal, al sostener que los procesos pendientes de Dunn siguen vigentes y que la validación de su solvencia fiscal carece de sustento técnico.
El caso deja al descubierto una fractura dentro de la Contraloría, donde la recomendación de su unidad jurídica fue ignorada para favorecer al candidato. Esto plantea dudas sobre los criterios políticos o administrativos que podrían haber influido en la emisión del certificado.
Mientras tanto, el TSE tiene la última palabra. El fallo de la Sala Plena será clave no solo para el futuro político de Dunn, sino también para la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la equidad en el proceso electoral.
