El Consejo Nacional de Ética Periodística rompió el silencio y salió al frente de las polémicas declaraciones del expolicía y actual candidato Edman Lara, quien denunció que varios “jefes de prensa” estarían sometidos a logias. La instancia ética le pidió, de manera categórica, presentar pruebas y nombres que respalden sus afirmaciones.
“Si acusa sin pruebas como candidato, imagínelo con poder legal. Puede ser capaz de montar pruebas para sustentar sindicaciones contra todo aquel que no piense igual que él”, alertó el Consejo en un pronunciamiento difundido este martes.
El ente deontológico recalcó que el periodismo no puede ser estigmatizado con generalizaciones sin fundamento, porque eso erosiona la confianza ciudadana en los medios y daña la institucionalidad democrática. “La crítica siempre es válida, pero debe sustentarse en evidencias verificables. De lo contrario, se convierte en difamación”, señalaron.
Lara había declarado en recientes entrevistas que parte de la prensa boliviana responde a intereses de logias y poderes ocultos, insinuando un sometimiento de ciertos periodistas a estructuras paralelas. Sus palabras generaron un fuerte rechazo en gremios de comunicadores y analistas políticos.
El Consejo de Ética enfatizó que el derecho a la libertad de expresión no equivale al derecho a difamar. “Quien aspira a cargos públicos debe entender que sus palabras tienen un peso político y social, y que el uso irresponsable de acusaciones puede derivar en consecuencias graves”, remarcaron.
La reacción también se da en un contexto donde la confianza en la prensa enfrenta serios cuestionamientos. Organizaciones de periodistas recordaron que en Bolivia los medios ya lidian con presiones políticas, económicas y sociales, por lo que declaraciones sin sustento “ponen en riesgo la labor informativa en tiempos electorales”.
Mientras tanto, Lara no ha presentado pruebas ni identificado nombres concretos. El Consejo le dio un plazo para rectificarse o entregar evidencias que respalden sus acusaciones. La expectativa ahora gira en torno a si cumplirá con el emplazamiento o persistirá en un discurso que, según los gremios, debilita la ética y el respeto al periodismo libre.
