A 44 días del conflicto social que mantiene bloqueado al país, la crisis ingresó en una fase aún más delicada. La Federación Sindical Única de Campesinos de la Provincia Los Andes, del departamento de La Paz, amenazó este viernes con masificar los bloqueos, tomar instituciones públicas y ejecutar cortes de agua potable y energía eléctrica para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las determinaciones fueron aprobadas durante un cabildo campesino transmitido a través de redes sociales. Los dirigentes aseguraron que las medidas de presión se mantendrán «hasta que se logre la renuncia» del mandatario, a quien responsabilizaron por la gasolina contaminada, la falta de empleo y el deterioro de la economía popular, pese a que diversos reportes atribuyen los mayores daños económicos precisamente a los prolongados bloqueos de carreteras.
La resolución incorpora un nuevo elemento de preocupación nacional: la amenaza de afectar servicios básicos protegidos por la Constitución. Más de 1,6 millones de habitantes de La Paz y El Alto podrían verse perjudicados si se concretan las advertencias relacionadas con el suministro de agua y electricidad, servicios considerados derechos fundamentales.
El cabildo también exigió la liberación «pura y simple» de las personas detenidas durante las protestas registradas entre mayo y junio. Asimismo, pidió al Gobierno que «deje de actuar soberbiamente«, respete la Constitución Política del Estado y reclamó que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) no acepte ningún diálogo con el Ejecutivo nacional.
Además, los dirigentes convocaron a sumarse a las movilizaciones a los habitantes de Pucarani, Laja, Batallas y Puerto Pérez, municipios de la provincia Los Andes ubicados en la región del lago Titicaca. El llamado también se extendió a vecinos de la ciudad de El Alto, con el objetivo de ampliar la base social de las protestas y endurecer las medidas de presión.
En el mismo encuentro, los representantes campesinos advirtieron que la Policía debe replegarse de la zona, elevando la tensión en un escenario marcado por episodios de violencia y enfrentamientos registrados en distintos puntos del país durante las últimas semanas.
La amenaza de interrumpir servicios esenciales también encuentra límites legales. El artículo 20 de la Constitución reconoce el acceso al agua potable y la electricidad como derechos fundamentales, mientras que el artículo 214 del Código Penal sanciona con penas de entre tres y ocho años de prisión a quienes atenten contra la seguridad o el funcionamiento normal de estos servicios públicos. De igual forma, el artículo 213 establece sanciones para quienes perturben la regularidad del transporte.
En el día 44 de las protestas, el conflicto acumula un saldo cada vez más dramático. Las pérdidas económicas ya superan los 2.500 millones de dólares, según estimaciones oficiales y empresariales, mientras el país enfrenta graves problemas de abastecimiento de combustibles, medicamentos y alimentos. La crisis también ha dejado más de una decena de fallecidos, la mayoría por la falta de atención médica oportuna derivada de los bloqueos. El anuncio de afectar agua y energía trasladó la disputa política a un terreno aún más sensible: la protección de derechos esenciales y la seguridad de millones de ciudadanos.
