El anexo de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo N° 1386, apunta, específicamente, al sector informal del país porque considera que por ese sector ingresan los recursos fraudulentos debido a la ausencia de medidas de control.
“Sin contemplar la problemática, causas y condiciones de la informalidad, podría desalentar la formalidad en sectores económicos pequeños que sí invierten dinero obtenido legalmente. En ese sentido, resulta necesario desarrollar una estrategia de lucha contra este fenómeno que podría invadir los mercados y el sector informal como suele ocurrir en jurisdicciones con regímenes de control y represión laxos”, señala el punto 9 del anexo.
Diferentes sectores se declararon en emergencia, entre ellos la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia, transportistas, cooperativistas mineros y otros que piden la abrogación de la Ley 1386, porque amenaza al trabajo de los informales, principalmente.
En el segundo párrafo de ese punto, señala que la informalidad genera numerosas oportunidades para que el «delincuente» pueda ingresar a la economía recursos ilegales, hechos que pueden ser llevados a cabo de forma anónima y sin dejar ningún tipo de registro que permita su detección por las autoridades.
