La Procuraduría General del Estado (PGE) destinó para este año 965.808 bolivianos para el refrigerio de los funcionarios de esta entidad, detalla el Presupuesto General del Estado. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) justifican el gasto. En cambio, la oposición señala que esos recursos son excesivos, puesto que la institución no cumple con las funciones para la cual fue creada.
El 12 julio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones determinó que el Estado boliviano debe indemnizar la suma de 105 millones de dólares al BBVA por el “retraso injustificado” en la nacionalización del servicio de administración de pensiones. Por este hecho, la institución y el procurador Wilfredo Chávez fueron cuestionados, al sumar en la cuenta otro laudo adverso.
El Presupuesto General del Estado señala que los 965.808 bolivianos son para pagar “gastos por refrigerio al personal permanente, eventual y consultores en línea”. A esto se suma otro ítem que es “gastos por alimentación y otros similares” (reuniones, seminarios y otros eventos), que es por un monto de 96.872 bolivianos.
La senadora del Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos indicó que estos gastos no son justificados, puesto que la Procuraduría General no cumplió de manera efectiva con su rol de defensa legal de los intereses del Estado. Agregó que no habría ninguna observación a los recursos que tiene la institución si hubieran ganado algún caso por las nacionalizaciones.
“Si el gasto es para una institución efectiva, el gasto estaría justificado. Pero el tema de fondo es que la Procuraduría, en materia de arbitrajes, no es efectiva, porque es inepta y corrupta, y es un gasto insulso. La institución ha perdido 714 millones de dólares por 12 procesos. Wilfredo Chávez, el abogado de Evo Morales, es un inepto que solo funciona con la chicanería de la justicia boliviana, más allá de eso no conoce ni sabe qué va hacer”, enfatizó la legisladora.
Barrientos manifestó que la Procuraduría contrata “malos consorcios” y de manera poco transparente. Recordó que el bufete de actual embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, Héctor Arce, se adjudicó un contrato para hacerse cargo del arbitraje de la Jindal Steel.
La diputada de Creemos Tatiana Añez calificó como un “lujo” el que se destine casi un millón de bolivianos para el refrigerio de los funcionarios de la PGE, cuando el sector salud está abandonado y médicos y enfermeras de los centros de salud públicos deben trabajar en condiciones precarias.
“La Procuraduría no cumple su rol, porque lo único que hace es perder procesos y eso va en desmedro de la economía del país. Por estos procesos perdidos debería establecerse responsabilidades de los malos funcionarios, porque no hacen su trabajo y lo único que hacen de derrochar los recursos de la población boliviana. Chávez solo se ha dedicado a limpiar la imagen a Evo Morales”, aseveró.
El senador del MAS Félix Ajpi manifestó que observar la utilización de estos recursos es “fijarse quién come más y quién come menos”. Señaló que oficialismo transparenta los recursos que dispone, algo que no sucedía en los gobiernos “neoliberales”.
“Hay cosas mucho más importantes que esas cosas (…), estamos bien económicamente. Nosotros no trabajamos con gastos reservados para gastar recursos del Estado sin control, nosotros por lo menos respondemos, la población se entera. Ellos gastaban el 20% del Presupuesto General del Estado en gastos reservados”, sostuvo.
Otros gastos
La Procuraduría para este año tiene presupuestado 38.272.946 bolivianos, de los cuales 27.598.911 bolivianos se destinan a “servicios personales”, que son para el personal eventual y permanente.
La segunda cifra consta de varios ítems, algunos son: sueldos, 21.260.856 bolivianos; bono de antigüedad, 331.452 bolivianos; bonificaciones, 72.444 bolivianos; aguinaldos, 1.805.396 bolivianos; asignaciones familiares, 168.473 bolivianos; y personal no eventual, 291.408 bolivianos.
